López aseguró que el piquete de la plataforma de distribución era pacífico y cuestionó que los agentes impidieran a sus integrantes acercarse para informar. “Han cargado sin ton y son, nos han echado gas pimienta”, manifestó ante los periodistas. La dirigente también denunció golpes con porras y sostuvo que algunos policías no llevaban visible su identificación, una circunstancia que considera especialmente preocupante para exigir responsabilidades. Son las acusaciones con las que CCOO fundamentó su decisión de acudir a la vía penal, sin que el anuncio confirme todavía la presentación de la demanda ni la apertura de una investigación judicial.
Las denuncias se extendieron a las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes. Desde Fuencarral, Patricia Ruiz, secretaria ejecutiva de Salud Laboral de UGT, señaló dificultades para desarrollar la labor informativa y agresiones contra integrantes del piquete. “¡Informar no es delito! ¡La libertad sindical se respeta!”, reclamó la organización. En Carabanchel, el Sindicato de Inquilinas denunció que varias personas habían sido golpeadas y alcanzadas por gases, y situó en al menos ocho el número de heridos en ese punto. Los recuentos corresponden a episodios diferentes y no deben confundirse con un balance sanitario único de toda la capital.
El cuestionamiento sindical pone el foco en si la actuación policial impidió ejercer el derecho de huelga y la actividad informativa de los piquetes. CCOO y UGT anunciaron que recopilarían imágenes y testimonios para respaldar sus denuncias, trasladando el conflicto de las calles a la documentación de cada intervención. La iniciativa busca que se examinen las circunstancias de las cargas y las posibles responsabilidades, mientras las organizaciones mantienen que la respuesta policial fue desproporcionada.
La huelga desborda las avenidas y alcanza puertos, trenes y aeropuertos
El balance nacional ya había subido a 42 detenidos a las 14:00, antes de las principales manifestaciones de la tarde. Según la actualización del Ministerio del Interior recogida por El Español, Policía Nacional y Guardia Civil habían practicado 28 arrestos, a los que se sumaban trece de la Ertzaintza y uno de los Mossos d’Esquadra. El recuento amplía las cifras de la mañana, cuando ambos cuerpos estatales habían registrado 476 incidencias entre las 22:00 del martes y las 11:00 del miércoles. Ese número abarca actuaciones de distinta naturaleza y no equivale a otros tantos enfrentamientos violentos.
En Cataluña, la presión de los piquetes se concentró en carreteras, instalaciones logísticas y conexiones ferroviarias. Hubo interrupciones en más de treinta puntos de la red viaria, incluidas la AP-7, la A-2 y la Ronda Litoral de Barcelona, además de bloqueos en los accesos al puerto de Tarragona y a polígonos industriales. Las dificultades para llegar a los puestos de trabajo alteraron incluso los trenes previstos como servicios mínimos, porque algunos maquinistas quedaron atrapados en los cortes. El balance recogido por EFE incluía también un integrante de un piquete atropellado y seis mossos con heridas leves durante una actuación en la B-23, en Molins de Rei.
La afectación alcanzó igualmente al transporte aéreo. Aena contabilizaba 289 vuelos cancelados en su red hasta las 14:00, el 6,38% de las 4.529 operaciones programadas para el miércoles. Parte de esas cancelaciones se había organizado con anticipación, con avisos y reubicaciones de pasajeros, por lo que la reducción de vuelos no implicó un cierre general de los aeropuertos. En el ámbito marítimo, las terminales de contenedores de Algeciras permanecían paralizadas desde las dos de la madrugada, mientras la actividad portuaria también sufría interrupciones en Valencia. La huelga alcanzaba así tanto los desplazamientos cotidianos como el movimiento de mercancías.
En la Comunidad Valenciana, la jornada pasó de los cortes en los accesos a las marchas por las calles comerciales. La Policía Nacional confirmó seis detenciones entre Valencia, Alicante y Castellón, mientras una movilización en la capital valenciana terminó con cargas junto al Ayuntamiento. Después, la acampada instalada en esa plaza denunció que los agentes habían rodeado sus tiendas; según las fuentes citadas por Radio Valencia, buscaban a personas que podían haber participado en los desórdenes. El Sindicat de Llogateres reclamó la liberación de los detenidos y denunció actuaciones desproporcionadas contra quienes participaban en los piquetes.
Manifestantes ocupan la Gran Vía de Madrid durante la huelga general por la vivienda, los salarios y los servicios públicos.
FOTO: EFE / MARISCAL
Los incidentes se repartieron también por el País Vasco, donde la Ertzaintza informó de trece arrestos y alrededor de un centenar de identificaciones hasta las 10:00. Las actuaciones tuvieron lugar en Agurain, Zamudio, San Sebastián, Vitoria y Portugalete, en un contexto de bloqueos de acceso a empresas y zonas industriales. Según la versión policial, las detenciones respondían a presuntos delitos de desórdenes públicos, resistencia y atentado contra agentes, dependiendo de cada episodio. El comunicado también describía daños en comercios e intentos de levantar barricadas, sin atribuir esos comportamientos al conjunto de los participantes en la huelga.
En Andalucía, las intervenciones policiales se concentraron, entre otros puntos, en las cocheras de autobuses y Mercamálaga, donde los agentes actuaron para permitir la salida de vehículos. La convocatoria dejó además un efecto visible fuera de las calles, con la interrupción de la programación habitual de Canal Sur. La dirección de la radiotelevisión pública reconoció que no había alcanzado un acuerdo con el comité de huelga sobre una programación alternativa. Mientras los sindicatos destacaban la participación, la administración autonómica y las organizaciones empresariales defendían un seguimiento mucho menor, una diferencia de valoraciones que atravesó el balance de la jornada.
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