Pero Sir James Eadie KC, en representación del Ministerio del Interior, dijo que tenía discreción para sacarle su seguridad policial garantizada a tiempo completo sin consultar a la Junta de Gestión de Riesgos (RMB).
El miembro de la realeza, que reside en California, está impugnando la desestimación de su acción legal ante el Tribunal Superior contra el Ministerio del Interior. El caso le ha costado al contribuyente británico 500.000 libras hasta la fecha.
El año pasado, un juez de la Corte Superior dictaminó que la decisión de un comité gubernamental de ofrecerle seguridad “a medida”, según sea necesario, no era ilegal, irracional ni injustificada.
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El ex miembro de la realeza junto a veteranos en Ucrania.
Sin embargo, la abogada del príncipe, Shaheed Fatima, argumentó esta semana que ese comité no siguió sus propios procedimientos internos ni realizó una evaluación formal de riesgos antes de cambiar el protocolo de seguridad. “El apelante no acepta que ‘a medida’ signifique mejor”, dijo Fatima. “De hecho, en su caso, significa que ha sido señalado para un trato diferente, injustificado e inferior”.
Su defensa afirmó que el príncipe, presunta víctima de un acoso persistente por parte de los medios de comunicación y en redes sociales, no está seguro en UK. Cada vez que está ahí su vida corre peligro, según sus abogados.
Sus abogados afirmaron que “Al Qaeda pidió el asesinato del duque”. “Su asesinato complacería a la comunidad musulmana”. Cabe destacar que el príncipe no es ajeno a la guerra, ya que ha servido en dos misiones en Afganistán, donde voló como copiloto y artillero de un helicóptero Apache y se ganó el odio de varios árabes.
En relación a su seguridad, el duque de Sussex también había intentado pagar de forma privada por un equipo policial que lo protegiera durante sus estancias en el Reino Unido, pero un juez rechazó esta posibilidad tras el argumento del gobierno de que los agentes públicos no deben actuar como “guardaespaldas privados para los ricos”.
Un vocero del príncipe había afirmado que él no pide “un trato preferencial”, sino una aplicación “justa y legal” de las normas de protección.
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Lviv, ciudad ucraniana devastada por la guerra.
El nuevo caso de Harry plantea interrogantes:
¿Los contribuyentes deben continuar financiando la seguridad de un ex miembro de la realeza que decidió seguir una vida fuera de los principios de la monarquía?
¿Si Harry puede caminar entre escombros y misiles, no puedo hacerlo también en Piccadilly?
El hijo de Carlos III parece sentirse más seguro bajo las bombas de Vladimir Putin que bajo la tinta de los tabloides británicos.
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