Ellos no podrán tener activos en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen contra la doctrina social de la Iglesia. Y está prohibido que todos los empleados acepten obsequios que superen los 40 euros. Esto es lo que establece la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio del Papa Francisco con disposiciones sobre transparencia en la gestión de las finanzas públicas.
La legislación se conoce cuando Moneyval, el comité de Estrasburgo (Unión Europea) evalúa la transparencia de las finanzas de los Estados y tendrá que pronunciarse sobre los avances realizados por el Vaticano. El gran objetivo de Francisco consiste en que Moneyval incluya al Vaticano en su 'lista blanca'.
Además de las nuevas normas de contratación, ahora se anunciaron regulaciones que afectan a todos los niveles ejecutivos vaticanos y a todos quienes realizan funciones administrativas, jurisdiccionales o de supervisión activas.
Antes de asumir su cargo, y cuando asuman será cada 2 años, deberán firmar una declaración en la que garanticen que no han recibido condenas firmes, que no están sujetos a juicios penales pendientes o investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales, explotación de menores, evasión o elusión fiscal, ni en el Vaticano ni en cualquier otro Estado.
También deben certificar que no mantienen dinero en efectivo ni inversiones a su nombre, ni a través de terceros (testaferros), en países con alto riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, paraísos fiscales.
Tampoco pueden tener inversiones en empresas con actividades contrarias a la Doctrina Social de la Iglesia.
Ellos deberán velar que todos los bienes muebles e inmuebles que sean de su propiedad u ocupen, así como cualquier tipo de remuneración percibida, provengan de actividades lícitas.
Finalmente, está prohibido -y esta novedad afecta a todos los empleados de la Curia Romana, del Estado de la Ciudad del Vaticano y órganos afines- aceptar, con motivo de su cargo, "obsequios u otros beneficios" por un valor superior a 40 euros.
La nueva normativa se hizo necesaria porque "la corrupción puede manifestarse de diferentes maneras y formas -dijo Jorge Mario Bergoglio- y por ello se incorporaron las mejores prácticas a nivel internacional con obligaciones especiales de transparencia con el fin de "prevenir y combatir, en todos los sectores, los conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general".
La Secretaría de Economía podrá verificar las declaraciones de los directivos. En caso de declaraciones falsas o mendaces, el Vaticano podrá despedir al empleado y solicitar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
