Es justamente ahí donde Marruecos introduce ahora nuevas condiciones. Ouahbi sostiene que Rabat no recibirá restos sin conocer previamente quiénes son y exige a España los informes forenses, fotografías y documentación que permitan acreditar su nacionalidad. “Nosotros no separamos entre vivos y muertos”, afirmó el ministro, que también lanzó otra frase particularmente dura ante las dudas sobre la identidad de las víctimas: “Ellos deben probar que son marroquíes”.
La negociación suma además un elemento todavía más delicado. Según RTVE, Marruecos condiciona la recepción de los cuerpos de sus nacionales no solo a disponer de la documentación forense, sino también a que España avance en la repatriación de los menores marroquíes que permanecen en Ceuta. El reclamo mezcla así en una misma negociación diplomática a los supervivientes, los menores y los fallecidos de una tragedia cuya identificación todavía está lejos de terminar.
Pedro Sánchez durante una visita a Ceuta, en medio del pulso con Marruecos por la gestión migratoria y el reclamo sobre supervivientes y fallecidos.
FOTO: AFP
Rabat eleva el pulso y Moncloa marca una línea roja
La exigencia sobre los migrantes aparece, además, en medio de un deterioro diplomático que ya excede la emergencia fronteriza. Apenas un día antes, el ministro había reivindicado los supuestos “derechos históricos y geográficos” de su país sobre Ceuta y Melilla y propuso abrir una negociación para revisar el estatus de ambas ciudades autónomas. Incluso habló de una futura incorporación al “seno de la patria”, una expresión que encendió rápidamente las alarmas en Madrid.
La reacción del Gobierno fue inmediata. Exteriores trasladó a Rabat un “rechazo tajante” y dejó claro que no existe margen para discutir la pertenencia de ambos territorios, integrados además dentro de la Unión Europea. El mensaje marcó una línea roja que Moncloa había evitado cruzar durante las primeras semanas de tensión, cuando su prioridad pasaba por conservar la cooperación con el vecino norteafricano y contener cualquier nueva presión sobre la frontera.
Ouahbi volvió ahora a endurecer el discurso por otro costado. Según su argumento, el problema no podrá frenarse mientras las políticas españolas permitan que quienes consiguen atravesar el Tarajal encuentren acogida y posibilidades de permanecer en territorio europeo. Con esa lectura, Rabat intenta trasladar parte de la responsabilidad hacia Madrid y presenta el sistema de recepción como un incentivo para nuevas salidas.
Ese señalamiento choca de frente con una de las grandes preguntas que dejó la avalancha de julio. Durante aquellos dos días, los controles del lado marroquí quedaron bajo la lupa y desde distintos sectores españoles se cuestionó cómo decenas de miles de personas consiguieron acercarse a la frontera prácticamente al mismo tiempo. Sánchez, sin embargo, evitó entonces apuntar contra Mohamed VI y defendió públicamente la colaboración bilateral. Tres semanas después, el equilibrio es bastante más incómodo: necesita a Rabat para contener nuevos cruces, pero recibe a cambio cuestionamientos territoriales, exigencias de devolución y acusaciones sobre la propia política migratoria española.
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