2 días antes de su arresto, Vorcaro intercambió mensajes con Moraes sobre la posibilidad de una operación de la Policía Federal en su contra. La investigación también halló registros digitales que indicaban que el ministro participó en la redacción del contrato multimillonario que la empresa de su esposa tenía con Vorcaro.
Los mensajes también indican que Moraes participó en las decisiones sobre la agenda y la lista de invitados que debían o no estar presentes en el foro jurídico organizado por Master Bank, en Londres.
La crisis moral que enfrenta el Tribunal Supremo no tiene precedentes. El número de familiares de ministros que se han beneficiado de alguna manera del dinero del banquero corrupto es considerable.
Una consultora dirigida por el hijo del ministro Kassio Nunes Marques recibió R$ 6,6 millones (US$ 1,3 millón) de Master entre agosto de 2024 y julio de 2025.
El hijo del magistrado Luiz Fux -generó un giro político al pedir la anulación del proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro- asistía a los eventos sociales organizados por Vorcaro, incluyendo una cata de vinos en Nueva York con todos los gastos pagados por el banquero.
José Antonio Dias Toffoli, otro ministro del Supremo Tribunal, también mantuvo relaciones personales y financieras con Vorcaro, quien presuntamente realizó pagos multimillonarios a una empresa perteneciente a la familia del ministro a través de un fondo.
André Mendonça también participó en el "tren de la alegría": el periodista Paulo Motoryn publicó mensajes y audios que revelaron que el juez afín a Bolsonaro recibió al menos 1 vez, en una reunión secreta en su centro de estudios, a Vorcaro. El instituto se creó después de que él ingresara al Supremo Tribunal, y se enriqueció meteóricamente al conseguir generosos contratos públicos, incluido uno multimillonario con el gobierno de Sao Paulo, adjudicado sin licitación.
Casualmente, la reunión Mendonça / Vorcaro fue organizada por la diputada federal Cezinha de Madureira, del Partido Laborista de São Paulo, cercana al gobernador Tarcísio. Otro contacto fue el abogado bahiano Ciro Rocha Soares, responsable de poner en contacto a Vorcaro con las autoridades de la República.
La Policía Federal recuperó un chat de Ciro a Vorcaro, en la que se retrató con Mendonça y un mensaje de audio: «¡Oye, Vorcarinho, trabajo para ti! Llevé a André a Vasco para que se hiciera un traje».
El «terriblemente evangélico» Ciro seguía intimando con el juez cuando Vorcaro estaba para atrás.
La Guerra Fría en la Corte Suprema
Entonces, el Tribunal Supremo se encuentra en una situación insólita. Si bien, al menos inicialmente, no parece haber nada ilegal, la mayoría de sus integrantes deben ser investigados y no puede tomar ninguna decisión acerca de Vorcaro.
Tras romper el secreto que puso a Moraes en el ojo del huracán, Mendonça decidió tomar declaración a Vorcaro después de que este denunciara haber sufrido intimidación por parte de la Policía Federal y solicitara ser escuchado con urgencia.
Mendonça se ha convertido ahora en el garante de la integridad procesal y protector del acusado frente a la supuesta intimidación por parte de la Policía Federal, que no ha sido probada.
Las acusaciones de Vorcaro contra la Policía Federal surgen tras el embate de Mendonça luchando tras bambalinas en el 'caso Master'.
Por su lado Moraes se unió a la Policía Federal en esta contienda. En informes enviados al Tribunal Supremo, la Policía Federal declaró que Mendonça preguntó a los investigadores si había algo relacionado con Moraes en el teléfono celular de Vorcaro.
Si Mendonça se extralimitó en sus funciones, Moraes lo hizo también: en una investigación sobre noticias falsas acusó a Mendonça de
- usurpar la dirección de las investigaciones,
- irregularidades en las negociaciones de acuerdos de culpabilidad y
- dirigir la investigación contra el propio magistrado.
Alexandre de Moraes es el hombre que salvó la democracia, encarceló a los golpistas y se convirtió en el principal enemigo del bolsonarismo, ahora representado en el TSF por André Mendonça.
No cabe duda de que Mendonça orquestó una operación electoral para atacar al mayor adversario de los golpistas y proteger a Flávio Bolsonaro en el expediente "Caballo Oscuro", cuya confidencialidad se niega a levantar.
El diputado bolsonarista Nikolas Ferreira publicó un vídeo de casi 12 minutos en el que hablaba del intercambio de mensajes entre Daniel Vorcaro y Alexandre de Moraes.
Al día siguiente, resultó que el defensor de la ética tenía a su disposición los jets privados de Vorcaro para su campaña electoral, llamaba "Dani" al banquero y tenía libertad para enviarle mensajes de audio por WhatsApp pidiéndole favores. En uno de ellos, el congresista le pidió al entonces banquero que liberara un activo minero perteneciente a su abogado y antiguo asesor de oficina.
En medio de la petición, con voz dulce y modales amables, Nikolas le confesó a Vorcaro que le gustaría "estar más cerca" de él. Incluso se disculpó por haber criticado a Master Bank en las redes sociales: "No tenía ni idea de que era el banco de Dani".
Minutos después, Dani confirma que ayudará al congresista y escribe: “Amén, hermano. Estamos juntos en esta guerra”.
Nikolas Ferreira de Oliveira es diputado federal por el estado de Minas Gerais, afiliado al Partido Liberal (PL), admirador de Javier Milei.
10 años como tope
El diputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) volvió a defender la idea limitar los mandatos de los ministros del Tribunal Supremo Federal (TSF). Él es uno de los líderes adjuntos del gobierno en la Cámara y ya había planteado en abril 2026 esta necesidad. La actualizó después de que los ministros André Mendonça y Alexandre de Moraes protagonizaran una crisis en el TSF.
En declaraciones a Correio Braziliense, Lopes afirmó que apoya un límite de mandato de 10 años para los magistrados de la Corte Suprema y la promoción de la igualdad de género en la selección de magistrados. "Un mandato de 10 años y paridad de género, 50% y 50%", declaró.
Reginaldo Lopes no aclaró si presentará él mismo esta propuesta en la Cámara de Representantes o si se intentará recabar firmas para impulsar algún texto ya existente en la Cámara.
La iniciativa se produce en un momento en que el presidente y candidato del PT a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, busca proteger tanto al gobierno como a la campaña electoral para las elecciones de octubre de la crisis en el Tribunal Supremo.
"Nadie, en nombre de la democracia, puede utilizar su cargo para beneficio personal", señaló el Presidente durante un acto en el Palacio de Planalto, donde autorizó la creación de fondos para el sistema de Justicia Federal.
Edson Fachin, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
No a la Policía Federal
En tanto, el ministro del Tribunal Supremo Federal, Gilmar Mendes, propuso una enmienda al reglamento interno del Tribunal para prohibir el nombramiento de oficiales de la Policía Federal y miembros de las Fuerzas Armadas en los despachos de jueces.
La propuesta será analizada por una comisión de 4 magistrados.
El ponente del 'caso Maestro', Mendonça, hizo público un informe de la Policía Federal que señalaba las consultas recibidas de parte de Alexandre de Moraes. Mendonçaemitió el caso al presidente de la Corte, Edson Fachin, para su análisis por el pleno.
En respuesta, Moraes utilizó un informe de inteligencia de la Policía Federal para acusar a Mendonça de varios delitos, como mala conducta administrativa, malversación de fondos y actuar en interés de un grupo político específico.
En la enmienda propuesta por Gilmar, se lee: "Se prohíbe el nombramiento o la designación de miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos pertenecientes a las carreras policiales previstas en el artículo 144 de la Constitución Federal, incluso si están de licencia o adscritos, para cargos o funciones de comisión en los Gabinetes de los Ministros, salvo para el ejercicio de actividades de seguridad, debidamente informadas por el Jefe de Gabinete a la Secretaría de la Corte, y se prohíbe la participación en la instrucción de investigaciones o procedimientos y en actividades de asesoría jurídica".
En medio de la crisis, la Fiscalía Federal (MPF) abrió un procedimiento para investigar a miembros de la Policía Federal.
El propio Fiscal General de la República, Paulo Gonet, es mencionado en un informe de la Policía Federal como posible contacto de los implicados en la trama.
En un comunicado, la Asociación de Delegados de la Policía Federal solicitó que se declarara a Gonet inhabilitado para actuar en el caso y afirma que el documento cuestionado por la Fiscalía Federal "fue elaborado por orden del ministro que entonces era el ponente del caso ante el Tribunal Supremo Federal" y que "los delegados y oficiales que participaron en él acataron una orden judicial, dentro de los estrictos límites establecidos en la misma, sin margen para su propio criterio de conveniencia respecto de lo determinado por el tribunal competente".
La entidad "solicita que el Procurador General de la República se declare inelegible y se abstenga de actuar, ya sea como garante de la ley o como titular de control externo, en procedimientos relacionados con los hechos en los que se le cita; que se archive el procedimiento iniciado, ya que es un medio inapropiado para cuestionar un acto de la Suprema Corte Federal."
Procurador general de Brasil, Paulo Gonet.
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