Agentes españoles escoltan a ciudadanos marroquíes de regreso a su país a través de la frontera de Ceuta, uno de los puntos más sensibles de la relación entre Madrid y Rabat.
FOTO: HENRY NICHOLLS / AFP
Esa última afirmación entra en un terreno especialmente sensible. Durante los primeros días de la crisis circularon versiones que relacionaban lo ocurrido con las posiciones de Sánchez frente a Israel, Gaza y la guerra con Irán, interpretando a Ceuta como otro frente de presión contra un presidente que ya atravesaba una situación política interna complicada por la regularización de inmigrantes, el caso Koldo y la ofensiva de una derecha liderada por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Parte de esas teorías fue amplificada desde sectores especialmente hostiles a Moncloa. Jabaroot añade ahora su propia versión al asegurar que Washington y Tel Aviv conocían lo que iba a suceder, aunque tampoco mostró documentación que permita sostener esa conexión. Lo importante, por ahora, es que la filtración vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de si detrás de aquella avalancha existió algo más que mafias, mensajes virales y un colapso espontáneo de los controles.
Porque esa sospecha ya había llegado hasta los propios servicios españoles. Según publicó El País pocos días después de la entrada masiva, la inteligencia española concluyó que Rabat no habría diseñado previamente la oleada, pero sí permitió que avanzara y terminó utilizándola políticamente. Las fuerzas marroquíes no frenaron a tiempo la concentración de decenas de miles de personas y el Gobierno de Sánchez evitó señalar directamente al país vecino. El presidente calificó lo ocurrido como un “ataque contra la integridad territorial española”, pero al día siguiente volvió a defender la cooperación con Marruecos, mientras Interior situaba buena parte de la responsabilidad sobre las redes de tráfico de personas.
Lo sucedido después hace todavía más difícil cerrar aquella discusión. Cuando una segunda movilización fue convocada para el 15 de agosto, Marruecos reforzó el perímetro, desplegó fuerzas y consiguió impedir una repetición de la avalancha. Desde entonces, Rabat volvió a reclamar la soberanía sobre Ceuta y Melilla, exigió la devolución de menores y supervivientes y pidió incluso recuperar los cuerpos de sus ciudadanos fallecidos. Sánchez, mientras tanto, necesita conservar esa cooperación para impedir nuevos cruces y gestionar a miles de personas que todavía permanecen en la ciudad. La filtración del grupo argelino llega así en un momento especialmente incómodo para Moncloa porque, aunque aleja al Gobierno español de cualquier responsabilidad sobre el origen de la oleada, al mismo tiempo obliga a preguntarse hasta qué punto Marruecos utilizó, y podría volver a utilizar, el territorio ceutí como herramienta de presión sobre la soberanía española en el norte de África.
Mohamed VI junto a Néstor Kirchner en una imagen de archivo, durante una etapa marcada por el acercamiento diplomático entre Marruecos y Argentina.
FOTO: NA
Pegasus, la amenaza que ahora apunta directamente a Pedro Sánchez
Después de sacudir al aparato de seguridad marroquí, Jabaroot decidió girar el foco hacia Madrid. Lo hizo mediante una frase breve y directamente en castellano. “¿A quién le interesan los datos originales de Pegasus relacionados con Pedro Sánchez?”, preguntó el grupo pocas horas después de liberar la base con los miles de agentes. No acompañó el mensaje con documentos que permitan demostrar que realmente posee ese material, pero la advertencia toca uno de los episodios más delicados y todavía sin resolver de la seguridad española.
Pegasus es un software espía desarrollado por NSO Group, una compañía israelí especializada en herramientas de cibervigilancia. No necesita comportarse como el virus tradicional que obliga a descargar un archivo infectado. Sus versiones más sofisticadas pueden aprovechar vulnerabilidades del teléfono mediante ataques conocidos como zero-click, capaces de penetrar en el dispositivo sin que su propietario pulse ningún enlace. Una vez dentro, puede acceder a mensajes, correos, fotografías, contactos y ubicación, además de activar el micrófono o la cámara. En términos simples, convierte el propio celular de la víctima en una herramienta de vigilancia.
Y el teléfono institucional de Pedro Sánchez fue efectivamente infectado. La investigación de la Audiencia Nacional determinó que entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 fueron extraídos al menos 2,57 gigabytes de información, mientras una segunda intrusión registrada diez días después permitió sustraer otros 130 megabytes. También aparecieron rastros de Pegasus en los dispositivos de Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Las fechas resultaron especialmente sensibles porque parte de los ataques coincidieron con la primera gran crisis diplomática de Ceuta, cuando Marruecos permitió la entrada de miles de personas después del choque con Madrid por la acogida en España de Brahim Gali, líder del Frente Polisario.
España consiguió demostrar que el espionaje existió, pero nunca pudo establecer quién lo ordenó. La Audiencia Nacional reclamó información a Israel e intentó avanzar sobre NSO Group, aunque la falta de cooperación terminó bloqueando la investigación. El expediente fue archivado en 2023, reabierto posteriormente gracias a información procedente de Francia y volvió a cerrarse en enero de 2026. Marruecos permaneció durante todos esos años en el centro de las sospechas políticas, aunque la Justicia española nunca pudo atribuirle formalmente el ataque y Rabat negó haber utilizado Pegasus contra el Gobierno español.
Pedro Sánchez llega al pulso político de 2027 con Ceuta y Pegasus otra vez sobre la mesa, en plena batalla con la derecha por el relato sobre seguridad, inmigración y Marruecos.
FOTO: JAIME REINA / AFP
Las dudas volvieron a crecer este verano. Una investigación de The Guardian y otros medios, apoyada en testimonios de antiguos integrantes de la inteligencia marroquí, documentación filtrada y análisis técnicos, describió un uso extendido de Pegasus por parte de la DGST contra objetivos nacionales y extranjeros. Entre los números seleccionados para vigilancia aparecen ministros, integrantes de la Guardia Civil y más de 200 líneas españolas vinculadas por los investigadores con un operador relacionado con Marruecos. El trabajo aporta nuevos indicios sobre la utilización del sistema, aunque tampoco permite afirmar quién ordenó específicamente atacar el teléfono de Sánchez.
Por eso, la frase lanzada ahora por Jabaroot tiene un alcance mucho más ambiguo de lo que parece. Todo depende de qué esconden realmente esos supuestos “datos originales”. Si el grupo posee parte de la información extraída del teléfono presidencial, una publicación podría exponer conversaciones, documentos o datos sensibles de Moncloa. Pero si lo que consiguió son registros capaces de reconstruir quién operó Pegasus, desde qué infraestructura o bajo qué órdenes, la misma filtración podría terminar resolviendo una incógnita que España lleva cinco años sin cerrar.
La amenaza tiene así un doble filo para Sánchez. Puede comprometerlo si revela qué había dentro de su teléfono, pero también reforzarlo si demuestra quién estuvo detrás del espionaje. Incluso ambas cosas podrían ocurrir al mismo tiempo. Jabaroot todavía no mostró ninguna prueba que permita saber cuál de esos escenarios es real, aunque consiguió colocar nuevamente bajo la misma sombra al presidente español, Marruecos, Ceuta y uno de los grandes misterios pendientes de la relación entre Madrid y Rabat.
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