Entre todas estas por supuesto entran las condiciones de vida en materia económica, de salud, pensiones, es decir, las variables que siempre están en el centro de una desigualdad social. Y claro junto con estas manifestaciones y declaraciones, Alejandra Ojeda, gerenta del área de estudios públicos de Ipsos Chile, planteó que se trata nada más y nada menos que un intento de "generar un nuevo pacto social".
En Chile los disturbios continua, siendo así el 3º país de América Latina, y sexto del mundo en explotar en protestas en la misma semana: Uruguay, Bolivia, Ecuador, Hong Kong, Cataluña y El Líbano. En consecuencia, y luego de la declaración de 'estad de emergencia' por parte del mandatario, las Fuerzas Armadas salieron a las calles y según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, ya son 2.138 las personas heridas, 18 los muertos y según la Fiscalía, hasta el pasado 22/10: 5.000 las detenidas.
A esto llegó el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien condenó tanto el accionar violento por parte de las Fuerzas Armadas, como la violencia por parte de la población al destruir partes de la ciudad. “La Comisión urge al Estado chileno y a todas las partes involucradas a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, en el marco democrático del Estado de Derecho”, explicó en su declaración el organismo.
Aunque también lo que hizo fue llamar a la intervención de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que aseguró que los 'estados de excepción, o de emergencia' como es en el caso de Chile:"deben ajustarse a causales estrictas como la existencia de un peligro objetivo y de extrema gravedad que ponga en riesgo la preservación de la democracia o la integridad de la nación, pero no debe invocarse para la suspensión genérica de derechos fundamentales como la expresión, o la protesta que busca expresar un malestar social”.