La Fiscalía de Bolivia formalizó la imputación y la orden de captura contra Evo Morales tras meses de inacción.
Tras meses de inacción, demoras y puras amenazas, la fiscalía de Bolivia anunció que pedirá seis meses de detención preventiva en una cárcel pública para el expresidente Evo Morales por el caso de trata y tráfico de personas.
Aunque estas medidas de la fiscalía se habían informado en los últimos meses no fue sino hasta el lunes (16/12) cuando la fiscalía formalizó la imputación por abuso y trata junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani, la orden de captura y la alerta migratoria contra Evo Morales.
"Ha sido esta imputación presentada el día de hoy. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares", afirmó la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, restituida en su cargo en octubre luego de haber sido apartada por efectuar la orden de aprehensión contra el expresidente.
Además, explicó que la orden de arresto no se pudo concretar debido a “riesgo” en su ejecución.
“Ese mandamiento de aprehensión no ha podido ser efectivizado de acuerdo a los informes que nos han emitido los asignados al caso como las unidades de la policía. No se podía ingresar al lugar donde se encontraba (Morales) por que existía riesgo para la vida de los policías, como de personas particulares”, dijo en diálogo con Unitel.
Según la fiscal, la orden no pudo ser ejecutada por los bloqueos realizados por sus seguidores en Villa Tunari y Lauca Ñ (trópico de Cochabamba), considerada un bastión del, aunque la protesta se levantó el 6 de noviembre. ¿Qué ha pasado en el último mes? ¿Por qué tardaron tanto?
También dijo el expresidente no ha podido ser detenido porque nunca estuvo en el domicilio señalado como propio en el departamento de Cochabamba. Según medios locales, se cree que Evo Morales está refugiado en la sede sindical de los cocaleros en su bastión del Chapare, en el centro de Bolivia.
La defensa de Morales, encabezada por Wilfredo Chávez, sostuvo que su cliente no fue debidamente notificado de la imputación, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de los procedimientos legales y que se enteraron a través de medios de comunicación.
“Lo único que sé, es que (Morales) no fue notificado y lo que estaba viendo ahora es que la misma Fiscalía reconoce que no han notificado supuestamente por los bloqueos, que han cesado hace más de un mes”.
La falta de avances en la investigación y los retrasos en medio de una crisis socioeconómica y política en Bolivia causa indignación. La presunta víctima del estupro de Morales, Cindy Sarai Vargas Pozo, de 22 años, la joven supuestamente embarazada por Evo Morales a sus 15 años en 2015 sigue sin ser localizada tras su repentina desaparición con su hija E.S.M.V, de 8 años.
Ambas fuera vistas por última vez 48 horas antes de que resucitara en los medios el presunto abuso del ex mandatario a la menor y el funcionamiento de una red de jóvenes de entre 14 y 15 años para tener a su disposición durante su Presidencia, a la cual llamó "Generación Evo" (jugada de su enemigo Luis Arce). Las autoridades creen que pueden haber escapado a Argentina.
En octubre Evo Morales no se presentó a declarar por el presunto estupro cometido. El padre de la víctima, Emeterio Vargas, está detenido con prisión preventiva en la cárcel de Morros Blancos, en Tarija, por también ausentarse a su toma de declaraciones.
Los padres de Cindy Sarai Vargas Pozo son investigados por haber entregado a su hija a cambio de obtener beneficios políticos y cargos públicos cuando el líder cocalero era presidente del país.
Con todo, Evo Morales buscará presentarse a las elecciones de 2025 vía un amparo y bajo un posible nuevo partido a pesar de las sentencias judiciales que los inhabilitan.
En X, volvió a decir, como otros de sus correligionarios regionales, que es víctima del “lawfare”:
“Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a USA”.
"Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado [...]Sufro desde hace tiempo un constante bombardeo de difamación e insultos. El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares, que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme”.
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