Henna Virkkunen y Magnus Brunner presentan en Bruselas la propuesta de la Comisión Europea para reforzar Frontex y digitalizar los procedimientos de retorno, el 27 de octubre de 2026.
Foto: EFE / EPA / OLIVIER MATTHYS.
Uno de los principales focos fueron las devoluciones en caliente, o pushbacks, en la frontera entre Grecia y Turquía: prácticas que impiden el acceso o fuerzan el regreso sin las garantías necesarias para examinar cada situación y las posibles solicitudes de protección. Las denuncias desembocaron en una investigación de OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que concluyó en 2022 que altos responsables de Frontex habían incumplido los procedimientos para gestionar incidentes con posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Esas irregularidades impidieron abrir investigaciones internas y adoptar las actuaciones de seguimiento necesarias.
La crisis alcanzó a su dirección. Fabrice Leggeri, entonces máximo responsable, dimitió en abril de 2022, tras conocerse los resultados de la investigación. Ese mismo año, el Parlamento Europeo rechazó aprobar la gestión presupuestaria de 2020, reprochando la gravedad de las irregularidades y las deficiencias en la protección de migrantes y solicitantes de asilo. La decisión no constituía una condena penal, pero sí una medida de control político y financiero contra una estructura que había acumulado recursos sin garantizar una supervisión adecuada de sus actuaciones.
Las dudas volvieron a cobrar fuerza con el naufragio del Adriana, en junio de 2023, frente a Grecia, donde murieron más de 600 personas. La Defensora del Pueblo Europeo comprobó que Frontex ofreció cuatro veces asistencia aérea sin recibir respuesta de las autoridades griegas y detectó carencias en las directrices para emitir señales de emergencia. Su investigación señaló que las reglas dejaban al organismo demasiado condicionado por las decisiones nacionales para cumplir plenamente sus obligaciones de protección. Ese antecedente sitúa una pregunta en el centro de la reforma: cómo acompañar las nuevas facultades con controles que permitan prevenir abusos y exigir responsabilidades cuando se produzcan.
Cinco años de presión migratoria, con un pico en 2023 y respuestas diferentes entre países
La evolución de los últimos cinco años muestra un aumento importante de las peticiones de protección, aunque no una subida ininterrumpida hasta hoy. Según Eurostat, la Unión Europea pasó de unas 537.000 primeras solicitudes de asilo en 2021 a 881.200 en 2022 y 1.049.500 en 2023. Después comenzó el descenso, con alrededor de 912.400 en 2024 y 669.400 en 2025. La serie permite dimensionar la carga sobre las administraciones, pero mide personas que piden protección internacional, no toda la inmigración ni exclusivamente las entradas irregulares.
El reparto tampoco fue uniforme. Alemania encabezó las solicitudes en 2024, con unas 229.700, seguida de España, Italia y Francia. En 2025, el orden cambió: España registró 141.000; Italia, 126.600; Francia, 116.400; Alemania, 113.200, y Grecia, 55.400. Esos cinco destinos concentraron el 83 % del total comunitario, aunque el volumen absoluto no cuenta toda la historia. En relación con su población, Grecia presentó la mayor proporción, con 5,3 solicitantes por cada mil habitantes, por delante de Chipre y España, ambos con 2,9. Ese indicador ayuda a entender por qué países con menos expedientes pueden afrontar exigencias importantes de alojamiento, tramitación y acogida.
El panorama se amplía al incorporar a quienes huyeron de la invasión rusa de Ucrania, acogidos mediante una protección temporal distinta del procedimiento ordinario de asilo. Al terminar agosto de 2026, ese régimen cubría a 4,43 millones de personas en la UE. Alemania albergaba aproximadamente 1,29 millones, Polonia unas 939.400 y Chequia cerca de 398.400. Estas cifras muestran otra dimensión de la recepción europea que queda fuera de la discusión centrada únicamente en las rutas del Mediterráneo y que explica el peso asumido también por los países del centro y del este del continente.
Ceuta, una de las fronteras exteriores de la Unión Europea, en pleno debate sobre la ampliación de las competencias de Frontex para coordinar deportaciones.
FOTO: HENRY NICHOLLS / AFP
Recibir una solicitud no significa concederla, y las decisiones favorables permiten observar otra parte del proceso. Durante 2025, los Estados comunitarios otorgaron protección a 361.325 solicitantes, incluyendo el estatuto de refugiado y otras formas de amparo. Alemania concedió 103.360 resoluciones positivas; España, 76.210, y Francia, 72.930, reuniendo entre los tres alrededor del 70 % del total. No corresponde dividir esas concesiones por las peticiones del mismo año para calcular una tasa de aceptación, porque las resoluciones pueden responder a expedientes iniciados en ejercicios anteriores.
Las regularizaciones constituyen una vía diferente, dirigida a personas que ya viven en el territorio y cumplen determinadas condiciones. España aprobó en abril de 2026 un proceso extraordinario con unos 500.000 beneficiarios potenciales, una estimación que no equivale al número de permisos efectivamente concedidos. Alemania, por su parte, puso en marcha a finales de 2022 un mecanismo para que residentes de larga duración con la expulsión suspendida pudieran acceder a una autorización y reunir los requisitos para continuar legalmente en el país. Según su Oficina Federal de Migración y Refugiados, más de 76.000 personas habían obtenido ese permiso hasta septiembre de 2024.
Los números describen, por tanto, una política europea que combina acogida, concesión de residencia y expulsiones, con decisiones nacionales que no siguen un único modelo. El refuerzo de Frontex se inserta en ese escenario, pero sus operaciones de retorno se dirigen a quienes no tienen derecho a permanecer, no al conjunto de los extranjeros ni a todas las personas que solicitan asilo. Esa diferencia resulta central para entender qué parte de la gestión migratoria pretende acelerar Bruselas y sobre quiénes recaerían sus nuevas herramientas.
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