"La ley 1386 vulnera varios preceptos constitucionales, atenta contra la propiedad privada y faculta al Estado a intervenir, a simple sospecha, las cuentas bancarias y las comunicaciones personales, y a abrir procesos contra cualquier ciudadano, todo al margen de las leyes", publicó la Gobernación de Santa Cruz, dirigida por Luis Fernando Camacho, el principal líder de las protestas que antecedieron al derrocamiento de Evo Morales hace 2 años. "En manos del Gobierno masista es un arma más para presionar y perseguir a quienes no nos arrodillamos ante su régimen autoritario", agrega la publicación.
Desde el Gobierno y el MAS, han señalado que la Ley 1386 y otras normas que se han aprobado y promovido en el primer año de gestión de Arce solo buscan cumplir con acuerdos internacionales y reactivar la economía nacional.
La represión
La Policía y grupos afines al oficialismo boliviano intervinieron el martes (9/11) con violencia los bloqueos callejeros instalados en regiones como Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Potosí en el 2do día de una huelga nacional contra una polémica ley.
En Cochabamba, los transportistas se movilizaron con sus vehículos en una marcha que fue intervenida por agentes antidisturbios que les cerraron el paso y buscaban dispersarlos. Los policías rociaron con gas pimienta en el rostro a dos mujeres que, junto a otras, se habían arrodillado para evitar que los agentes las hagan retroceder, para luego cargar con gases lacrimógenos contra todo el grupo de manifestantes.
Uno de los lugares más conflictivos fue la zona Los Lotes, donde los agentes emplearon gases lacrimógenos e incluso lanzaron potentes chorros de agua desde un vehículo antidisturbios.
En Potosí, una persona terminó muerta, identificada como Basilio Titi de 25 años, y hubieron varias heridas.
Según reportó el diario local El Deber, ayer (9/11) policías arremetieron e hicieron uso excesivo de la fuerza contra civiles que estaban siendo atendidos por un grupo de bomberos voluntarios en Santa Cruz. La represión ocurrió al mediodía en un punto de bloqueo donde había un grupo de mujeres, adultos mayores y algunos jóvenes.
"Los masistas vinieron a provocar. Estábamos tranquilos bloqueando y vinieron a prender fuego y lanzarnos cohetes", denunció a El Deber una de las personas que resultó herida.
En la ciudad de Oruro, los policías golpearon a periodistas que pedían realizar pacíficamente su trabajo. Cerca de dos decenas de periodistas, todos identificados con chalecos, credenciales y la leyenda de "Prensa", expresaron protesta a gritos por la violencia y un jefe policial justificó la agresión al señalar que los agresores confundieron a los periodistas con sindicalistas del comercio informal.
"Persona no grata"
El presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, dijo que se declaró "persona no grata y enemigo de la población potosina" a Arce por "ser racista y discriminador al no atender las demandas" de esa región.
Además, según el dirigente, se resolvió exigir la renuncia del gobernador Rogelio Mamani, y del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali, por "financiar y encabezar los enfrentamientos con los campesinos" hasta provocar el deceso de un joven el martes (9/11).
En suma, se definió exigir la renuncia del comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Mercado, por no resguardar el orden y "parcializarse" con la gente del MAS.
También se dio un plazo de 24 horas al Ministerio Público para que, de oficio, inicie un proceso penal en contra del "Gobernador, autor o autores materiales e intelectuales" de la muerte del joven campesino.
Del mismo modo, se exigió al gobierno de Arce derogar, en el plazo de 24 horas, la Ley 1386 y todo un paquete de leyes que considera "anticonstitucionales y antidemocráticas".
Los otros impulsos de las protestas
En el país además existen otros conflictos sectoriales que siguen sin resolverse del todo hasta el momento, como el que involucra a los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, que amenazan con un paro por las deudas que no son cubiertas por el Gobierno.
De igual manera, indígenas del oriente boliviano también esperan desde hace más de un mes en Santa Cruz la atención de sus demandas. En salud, la semana pasada hubo paros en dos hospitales públicos por falta de insumos, medicamentos y otros materiales.
