La Defensoría del Pueblo de Bolivia denunció que una niña de 11 años que quedó embarazada tras ser violada por un familiar no ha podido ejercer su derecho al aborto debido a la intromisión de la Iglesia católica, personal médico y autoridades locales.
En un comunicado, la Defensoría aseguró que emprenderá medidas legales para que “se reencamine el procedimiento de interrupción legal del embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor, ni por parte de sus familiares ni de cualquier instancia, grupo o sector religioso”.
La niña, con 21 semanas de embarazo tras haber sido abusada en el poblado de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz (este), no ha accedido al aborto por la incidencia de personal médico de un hospital local, del arzobispado católico de la región y de la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, explicó la Defensoría nacional.
La niña quedó embarazada debido a los contínuos abusos sexuales cometidos por un familiar, un hombre de 60 años. Según algunos medios se trata de la pareja de su madre y según otros, del padre de la pareja de la madre. La niña vivía con su hermana y el abusador, ya que sus padres se encontraban por trabajo lejos de allí.
La niña sintió "movimientos extraños" en su vientre y se lo contó a sus familiares. Tras controles médicos, se descubrió que estaba embarazada.
Su tía presentó una denuncia contra el presunto agresor, que aguarda su proceso judicial en una cárcel de máxima seguridad, explica la BBC. Al mismo tiempo, se presentó una solicitud de interrupción legal del embarazo (ILE) para la niña.
En Bolivia, desde 2014, gracias a una sentencia constitucional, una mujer puede acceder a un aborto legal y seguro en los casos en los que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro (cuando la víctima es menor de edad) o si como resultado de la gestación su vida o salud corren peligro.
La interrupicón legal del embarazo de la niña comenzó el viernes pasado. Según dio a conocer la Casa de la Mujer, institución que dio apoyo a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní al inicio del caso, la pequeña recibió una primera medicación para interrumpir la gestación.
Pero el caso se mediatizó y la Iglesia Católica, junto a grupos "provida", ejercieron presión sobre la niña y su madre para que cambiaran de opinión y desistieran de continuar con la interrupción del embarazo, según le dijo a BBC Mundo la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz.
El sábado 23/10, con una carta escrita a mano firmada por ella, la niña desistió de proseguir con la interrupción del embarazo.
Fue dada de alta del hospital el pasado martes y pasó, junto a su madre, a un centro de acogida dirigido por la Iglesia católica, institución que se comprometió a hacerse cargo de la menor y de su nonato.
Nadia Cruz considera que la madre no debería tener voz en la toma de decisiones en este caso, ya que los abusos sexuales ocurrieron mientras la pequeña se encontraba en "absoluta soledad e indefensión".
"De acuerdo con los informes a los que accedimos, la forma en la que fue presionada y arrinconada por miembros de la Iglesia, que se han identificado como del Arzobispado, le ha generado dudas y miedo a la menor para que retroceda en su decisión de interrumpir legalmente el embarazo", asegura la Defensora del Pueblo. "Ella decidió hacerse una ILE tomando en cuenta su proyecto de vida. Ella misma señaló 'yo quiero estudiar, yo quiero una vida para mí'. Las otras dos formas de intervención (de la madre y de la Iglesia) son parte de la grave vulneración de derechos de los cuales ha sido víctima la menor", afirmó Cruz.