Al mando de esta célula de sicarios estaría un hombre identificado como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’ o ‘El 90′, supuesto jefe de plaza en Puerto Vallarta que formaría parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.
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Alcalde de Chilpancingo decapitado por narcoterroristas.
En febrero de este año se encontraron de forma similar los cuerpos de cinco personas en esa zona, donde opera el mencionado Cártel con presencia en más de 20 estados del país y considerada como la mayor organización criminal de México, incluso por encima del cártel del narcotráfico de Sinaloa.
En México las decapitaciones se convirtieron en un método recurrente de los grupos del narcotráfico para sembrar terror en los territorios que dominan.
Claudia Sheinbaum
El brutal hecho refleja la ausencia de gobernabilidad en varios estados de México que se encuentran claramente en manos de la delincuencia. Las decapitaciones son un símbolo del poder incontrolado de los narcos en México.
Claudia Sheinbaum, la flamante presidenta de México, heredera de AMLO, anunció recientemente que está reforzando el sistema de inteligencia para combatir el crimen organizado. Pero Tal como contó Urgente24, parecería un cortina de humo por sus nexos con el narco.
Su idea es consolidar un sólo sistema de Inteligencia nacional para combatir la delincuencia e impunidad mediante la coordinación de todos los estados y las dependencias del área.
La oposición mexicana denunció que el plan de Sheinbaum es sólo "una cortina de humo" para tapar sus nexos con el mundo narco. Cuando ella estuvo en la gobernación de CDMX compró fentanilo a una empresa vinculada a Carlos Lomalí, presidente del Consejo Estatal del partido en Jalisco, cuya propiedad ha estado bajo la vigilancia de la DEA por presunto tráfico de drogas.
Los medidas de Sheinbaum para combatir el narco contrastan con el nexo de su partido Morena con ciertos líderes de organizaciones criminales. Desde hace tiempo algunos medios lo retratan como un cómplice del narcotráfico.
De hecho, una foto de la ex alcaldesa de Chilpancingo (municipio en que alcalde fue decapitado) y miembro de su partido, Norma Hernández, junto al líder del grupo criminal Los Ardillos Celso Ortega, desató una polémica de connivencia del gobierno después de que hallaran los cuerpos desmembrados de 7 personas en el municipio en 2023. De hecho por el evento fue expulsado de las filas de Morena.
Asimismo, la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) descubrió hace algunos años que el narcotráfico mexicano había donado millones de dólares a las campañas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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Claudia Sheinbaum y el narco.
En precampaña, la presidenta defendió más de una vez la política de no violencia hacia los cárteles del narcotráfico, la que adoptó la gestión de Andrés Manuel López Obrador, catalogada como “Abrazos, no balazos”.
“El asunto es si entras en una confrontación violenta con estos grupos. ¿Qué se provocaría si se entra a una confrontación violenta? Probablemente más violencia. Entonces por eso es una estrategia distinta”.
Sheinbaum recientemente afirmó no va a regresar la guerra contra el narco en alusión a la política de confrontación armado del expresidente Felipe Calderón contra los grupos armados.
“No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia", anunció Sheinbaum durante la presentación de su estrategia.
La nueva estrategia de seguridad se centrará en cuatro ejes fundamentales: atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional –muchos critican la militarización de una fuerza de seguridad civil–, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y, por último, la coordinación entre Gobierno Federal y Estados.
El sexenio de López Obrador concluyó siendo el más violento de la historia reciente de México. Desde diciembre 2018 a septiembre 2024 en México se produjeron 199.619 asesinatos, una media de 30.000 al año.
Además, la controvertida reforma del Poder Judicial de Andrés Manuel López Obrador, que somete a los jueces a elección popular en busca de aumentar la transparencia y que los ciudadanos tengan un papel más activo en la conformación del sistema judicial en un intento por “democratizarlo”, no solo permite al partido mayoritario (ahora oficialista Morena) controlar el poder judicial, sino que facilita la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial en un país donde los poderosos cárteles de la droga utilizan regularmente el soborno y la intimidación para influir en los funcionarios.
Al desaparecer la carrera judicial, muchos grupos de interés podrán promover a sus candidatos a jueces, por ejemplo, abogados del entorno del crimen organizado.
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