Este miércoles (17/5/23) el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo 741, que dispone el disolución de la Asamblea Nacional y la convocación a elecciones.
De esta manera hizo uso de un recurso Constitucional, contemplado el artículo 148, conocido popularmente como “muerte cruzada”. Así podrá gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores.
Curiosamente el sorprendente anuncio en donde sostuvo que “todos los esfuerzos del poder legislativo buscan desestabilizar al gobierno con un juicio infundado”, fue a dado conocer un día después de que se iniciará en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado.
Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.
Sin embargo, como anunció Urgente 24, este juicio político a su investidura se erige también sobre el desprestigio popular al estar implicado en una red de narcotráfico que le habría financiado su campaña política.
El diario La Posta reveló un informe de la Fiscalía de Manta (2021) apodado como “El León de Troya” que le dio la estocada de muerte a Guillermo Lasso al detallar los vínculos entre su cuñado con la mafia albanesa y la influencia de éstos en la designación de cargos públicos en Ecuador.
El veredicto de su eventual destitución iba a ser entre el 20 y 22 de mayo con la posible luz verde de 92 legisladores como mínimo (de los 137), por lo que fue una medida desesperada de Lasso para no perder el poder. Por ello, al hacer uso del decreto, Lasso reconoció que padece una grave crisis política y conmoción interna.
El expresidente Rafael Correa, cercano a Cristina Kirchner, sostuvo que la decisión de Guillermo Lasso es “ilegal” ya que “no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse”.
La crisis en Ecuador evoca a la de Perú. El expresidente Pedro Castillo comparte prisión con Alejandro Toledo y Alberto Fujimori en penal limeño de Barbadillo, Lima, tras el fallido un autogolpe de estado y por presuntos cargos de formar una organización criminal, financiación ilícita de institución políticas y corrupción en su contra.
Es que Castillo en diciembre de 2022 quiso disolver el congreso e instalar un estado de excepción. El congreso posteriormente lo sacó de la presidencia y declaró su incapacidad moral permanente por "violentar el orden establecido por la Constitución Política".
Aquello provocó el desencadenamiento de una ola de protestas que dejó decenas de muertos por la represión policial. Los manifestantes exigieron la renuncia de Dina Boluarte, diputada de Castillo que llegó al poder tras la crisis, y nuevas elecciones generales.
Como contó Folha de Sao Paulo “el Congreso bloqueó cualquier intento de debatir la anticipación de elecciones en los próximos cinco meses. Así, el Parlamento busca cerrar el camino a la sustitución de Dina y al propio Legislativo".
Alberto Fujimori en 1992 concentró el poder, y se burló de la división y equilibro de poderes e intervino con el cierre del Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
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