Brasil ha recibido miles de deportados y dice que serán más con Trump. Lula guarda cierto resquemor con Argentina por el plan en la frontera de Milei.
Brasil sabe perfectamente que no tiene una política de acogida de deportados, expulsados por Donald Trump o Javier Milei, con el que, de hecho, comparte una frontera al sur.
Lula aún no posee un plan firme para los que han sido devueltos a casa y observa con recelo el giro en la política migratoria de Estados Unidos, tras la vuelta al poder de Donald Trump, quien ya firmó varios decretos sólo para endurecer el control sobre inmigrantes irregulares, a los que culpa por el fentanilo y la violencia.
Frente a este panorama, el líder brasileno Lula da Silva aguarda para que en cualquier momento le toque el turno de recibir a los deportados de la Era Trump; aquellos con visados que expiraron o criminales que hicieron de las suyas en el Sueño Americano.
Lula no sólo mira los nuevos designios del Gobierno del Norte, sino también, lo hace con el sur. En ese sentido, se percata que es sólo cuestión de tiempo para que el Gobierno de Javier Milei comience con el mismo estilo que Trump con respecto a los inmigrantes.
Más aún cuando la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, avisó esta semana que Argentina planea alambrar la frontera con Brasil y con Bolivia, en primera instancia, para evitar que ilegales ingresen al país.
Bullrich, la ministra insignia de Milei, dijo ante los medios locales que el Gobierno está elaborando un plan en Misiones para la zona de frontera con los estados del sur de Brasil.
"Tuvimos casos de asesinatos por encargo y otros problemas allí", se justificó.
En esa misma línea, el Gobierno argentino anunció que, en el marco del Plan Güemes del Ministerio de Seguridad, y con el objetivo de fortalecer las fronteras del norte del país, se construirá un cerco de alambre en la frontera con Bolivia.
Los gobiernos de México, Guatemala y Honduras cuentan con políticas de Estado para la reinserción de deportados, ya sean gente de bien o criminales expulsados; los primeros, fueron a buscar una mejor vida en el extranjero, y los segundos, a diversificar el delito.
A diferencia del gobierno de Brasil, no posee programas de reabsorción de ciudadanos que puedan dar abasto ante las cifras descomunales que se manejarían si Trump da rienda suelta a la ola de deportados: se estima que el número de brasileros ilegales en EE.UU. asciende por estos días a 230 mil.
Usualmente los deportados, retornan a Brasil a través del Aeropuerto Internacional de Confins, en Minas Gerais. Luego pasan por el control de la Policía Federal (PF), como cualquier ciudadano. Tras el control migratorio, no reciben apoyo estatal ni asistencia económica ni tampoco seguimiento.
“Las personas que llegan al país sin perspectivas de rehacer sus vidas en su tierra natal, y muchas de ellas después de años en Estados Unidos, no es raro que intenten emigrar nuevamente con la ayuda de coyotes. Hay un impacto material, pero también psicológico en sus vidas”, explica el diario Folha S. Paulho.
En general, Brasil e hispanoamérica exportan ilegalmente a USA la mano de obra no calificada.
Ciudades como Governador Valadares, Minas Gerais, el ex centro de vida de muchos futuros inmigrantes, no tienen una política de acogida ante un eventual retorno. Al respecto, la dirección del municipio dijo que "esperará esta llegada" de deportados para analizar "los próximos pasos".
Ante la nueva política migratoria de Trump, el gobierno de Lula dio un mensaje de aliento para los inmigrantes irregulares. El presidente brasilero dijo que "son dignos de respeto".
En ese sentido, trascendió que el Gobierno de Lula estaría ultimando detalles para desarrollar una política migratoria más seria, o bien, reimpulsar el proyecto de Ley de Migraciones firmado en 2017, que nunca salió a la mesa.
Un equipo del Palacio do Planhato ya elaboró un documento que aún no ha sido aprobado. Según difundió Folha, uno de lo artículos sostiene que "los brasileños retornados y los no admitidos en el extranjero, así como sus familiares, serán el público objetivo de acciones de promoción de derechos, inserción socioeconómica e integración local".
De hecho, el ministro Macaé Evaristo (Derechos Humanos) anunció formalmente la creación de un centro de atención humanizada en Confins.
El proyecto seguiría el modelo de la estructura que ya existe en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo. Pero la prensa carioca advierte que esto traerá aún más problemas.
"La iniciativa en el aeropuerto más grande del país debe considerarse con cautela. Creado inicialmente para combatir la trata de personas, en los últimos años estuvo dominado por servicios para inmigrantes afganos que llegaban y durante días, semanas o meses vivieron en la terminal 2 del aeropuerto", argumenta la agencia de noticias Folha S. Paulho.
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