Fujimori, quien cumplirá 86 años el 28/07, abandonó en diciembre 2023 la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Son tiempos de octogenarios: Joe Biden, Donald Trump, Alberto Fujimori.
En sus declaraciones a El Comercio, Keiko Fujimori aseguró que su padre le dijo "que quería participar en política, que él sabía a los riesgos que se exponía", que "tiene muchísima experiencia" y que es "consciente de la edad" y de los problemas de salud que afronta su padre. Por ejemplo, un cáncer en la lengua y una cirugía de cadera, de la que está en proceso de recuperación.
Keiko aseguró, además, que "varios abogados" le han dicho "que sí podría ser candidato", a pesar de que juristas y políticos señalan que está impedido por su condición de condenado por un delito doloso, tal como establece el artículo 34-A de la Constitución peruana y la Ley Orgánica de Elecciones.
Keiko Fujimori dijo que aún no sabe si ella postulará como candidata al Senado, pero aseguró que no irá en la fórmula presidencial de su padre.
La Fiscalía
El 04/07, el Poder Judicial de Perú rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir en un proceso por violaciones a los derechos humanos abierto contra Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos y los ex altos mandos militares Nicoláás de Bari Hermoza y Luis Pérez Documet.
La decisión fue tomada en el proceso que sigue contra los imputados por su presunta intervención en los casos de Pativilca y La Cantuta, donde el grupo militar encubierto Colina asesinó a un total de 16 personas en 1992.
Mientras que la Fiscalía ha pedido condenas a un mínimo de 25 años de prisión, el 31/07 Montesinos recibió una sentencia a 19 años y 8 meses de cárcel tras haberse acogido a la figura jurídica de la conclusión anticipada, al aceptar su responsabilidad.
Al ser consultado en una anterior audiencia, el expresidente anunció que no se iba a acoger a la conclusión anticipada, por lo que en enero se analizó una petición de la Fiscalía para que se le impongan 18 meses de arresto domiciliario, que finalmente fue rechazada.
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