Ante la irrupción de la pandemia y la suspensión de las clases hubo cambios profundos en la forma de hacer llegar el desayuno y el almuerzo a los alumnos de las escuelas públicas. Se diseñó un programa donde se entrega cada 15 días, un bolsón de alimentos que tiene su integración preestablecida y que debe costar $750 como máximo.
¿Alcanza? Depende cómo se arme y quién lo haga.
¿Por qué? Porque con la nueva forma de intervención de las comunas de manera directa, ahora los recursos que llegan de provincia van directo a cuentas generales, antes iban a los consejos escolares de manera específica. Es el director de Compras -y el intendente, claro está- quien define cuándo y a quién se les paga.
En la mayoría de las municipalidades sucede ahora que la entrega la realizan empresas muy vinculadas a los gobiernos locales -por lo general, nuevas en el rubro- que podrían sostenerse algún tiempo sin cobrar, siendo que hay casos donde los atrasos ya acumulan 3 meses.
Siempre, detrás de este esquema se construyen todo tipo de especulaciones en un negocio donde la mayoría se queja de los bajos montos que se pagan per cápita, pero nadie quiere quedarse afuera. Extraño.
No es nuevo que los municipios adquieran mayores responsabilidades que, originalmente, no son de su competencia. La primera oportunidad fue la fuerte discusión allá por el 2012 cuando un grupo de intendentes liderados por Sergio Massa reclamó más recursos para afrontar un tema sensible como la seguridad.
Ante la creciente ola de delitos tuvieron que ponerse al frente e invertir en recursos y tecnología propia. Fue el tiempo de la creación de las Centros de Monitoreo y las policías locales. Cuando el hoy titular de la Cámara de Diputados de la Nación fue Jefe de Gabinete encabezó varias acciones tendientes a solidificar con recursos a los municipios en esa materia. Eso sí, la provincia cedió su responsabilidad sobre el manejo de la principal fuerza policial del país.
“Cada vez tenemos que asumir más acciones pero sin los recursos para afrontarlos”, era y es el reclamo de los alcaldes, que se reitera todos los años. Alguna vez, Aldo Rico cuando gobernaba San Miguel propuso un sistema de coparticipación a la inversa: que los impuestos los cobren los municipios y estos se los giren a la provincia. Claro, no prosperó.
Es por ello que suelen repetirse momentos donde los intendentes mascullan bronca ante determinadas cuestiones. En la salud es una de ellas.
En Provincia de Buenos Aires conviven gestiones locales, provinciales y nacionales, entonces las cosas suelen mezclarse. Es común escuchar a un gobernador difundir la inauguración de un hospital o nuevas salas de internación para el coronavirus cuando en realidad, los recursos los aportó de manera integral el municipio producto de las tasas de seguridad e higiene cuyos niveles, hoy, están en descenso.
No es nuevo el método de delegar facultades. Es problema son los recursos para llevarlas a cabo. En el caso del control de precios los municipios lo pueden desarrollar con su propio personal que ya lo efectuaba y a la espera que no haya tentaciones de privilegiar a unos en detrimento de otros sobre la manera de posar la lupa en determinados comercios. Se supone que nadie, bien nacido, estará pensando en esas cosas en tiempos de una pandemia que no selecciona sus víctimas.
El coronavirus pasará. Y cuando esto suceda mucho de lo preestablecido se pondrá en discusión. Una de ellas será, sin dudas, el rol de los intendentes en tiempos de dificultades extremas. La organización de las filas en los bancos del sábado 04/04 tras el desastre del día anterior fue otro ejemplo de ellos. Quizá haya llegado la hora de barajar y dar de vuelta. De manera profunda. No sólo para maquillar un momento.
