Méndez gobierna San Miguel desde mediados de 2016 cuando su conductor político, Joaquín De la Torre, asumió como ministro provincial. En octubre de 2019 revalidó en las urnas y tiene mandato hasta 2023. La decisión de salir a marcar agenda desde los territorios con esta cuestión no deja de ser interpretada como una movida con efectos políticos.
Con la mayoría de los alcaldes de Cambiemos mostrándose cerca de Alberto Fernández, Mendez, asesorado por De la Torre, puede explorar el camino que le de una identidad propia dentro de la oposición más allá de su perfil local vecinalista. Sobre todo en un distrito que no deja de tener aún, en el tema de seguridad la referencia de Aldo Rico, más por simbología que por hechos reales.
En efecto, luego de la experiencia del ex carapintada, el distrito fue clave en la construcción de un rasgo duro en la materia donde se puso como horizonte, entre otros ejemplos, la experiencia de militarización en las favelas de Río de Janeiro de la mano de José Mariano Beltrame. El ex funcionario carioca estuvo varias veces en Argentina. En una de las últimas fue invitado por el procurador provincial Julio Conte Grand, en 2018, para dar capacitación a fiscales bonaerenses.
El nexo fue el ex secretario de Seguridad de San Miguel, Max Perkins, quien hoy trabaja junto al jefe de los fiscales bonaerenses.
Conte Grand viene batallando duro con integrantes de la Justicia como el juez de Casación suspendido Martín Ordoqui y Víctor Violini, quien firmó la mayoría de las liberaciones que se efectuaron hasta aquí. El juez tuvo, en su momento, el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión de Violini de firmar el Habeas Corpus que abrió las puertas de las cárceles viene precedida de una historia singular. Presidente de la Corte Suprema bonaerense hasta el 20/04, Eduardo De Lazzari firmó una resolución por la cual habilitó al titular de Casación Bonaerense a resolver sobre los pedidos de libertad.
Con un detalle: en ese momento el titular de esa instancia Ricardo Borisnky estaba de licencia y asumió dicha responsabilidad Víctor Violini. Entre las libertades que firmó está la de Enrique Petrullo, apuntado como lobbista de la organización delictiva que lideraba el ex juez platense Cesar Melazo.
Con un detalle, la liberación de Petrullo fue basada en un informe médico de su propio facultativo que fue desaconsejada por el Servicio Penitenciario Bonaerense. De todo ello, Violini no hizo referencia a esa información fidedigna en la serie de tuits que publicó para defenderse de las acusación en su contra por mandar presos a sus casas.
La seguridad fue y es el eje central del ADN del Frente Renovador, de Sergio Massa. Por esa razón, no fue sorpresiva su opinión sobre toda esta movida en la cual él advirtió de posibles juicios políticos a jueces que firmen libertades a peligrosos delincuentes.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación no está dispuesto a licuar su identidad política dentro del Frente de Todos. Y como muestra de ello, el fin de semana pasado organizó una reunión virtual con todos los dirigentes de su espacio en el país. Ahora, marca esta distancia conceptual con, incluso, el presidente Alberto Fernández. Las esquirlas de todo ello caen en todos los niveles.
Hay que mirar de cerca los recientes movimientos en las dependencias policiales que tienen jurisdicción sobre Tigre donde el intendente Julio Zamora poco pudo hacer para torcer los nombramientos. Para entender parte de esta historia hay que ir al 2013 cuando el agente de inteligencia Alcides Díaz Gorgonio ingresó a la casa particular de Massa. Ahora detenido, y aprovechando la pandemia, Gorgonio solicitó su libertad. La justicia le dijo que no.
El presidente Alberto Fernández se mostró proclive a que sigan avanzando estas decisiones con más olor a Justicia Legítima y organismos defendores de supuestos derechos humanos siempre muy cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Algunos detalles de la historia no debieran ser pasados por alto. En su rol de abogado, Alberto Fernández ha sabido manifestar su admiración e incluso homenajear a Esteban Righi.
El ex Procurador que renunció tras el escándalo de la causa de Amado Boudou y la imprenta de hacer billetes Ciccone, era el ministro del Interior cuando el 25 de mayo de 1973 asumió Héctor Cámpora la Presidencia de la Nación y decidieron liberar a los “presos políticos” alojados en los penales. La mayor repercusión fue lo sucedido en Devoto donde se alojaban Montoneros e integrantes del ERP.
Paradojas de la historia argentina: Alberto Fernández inició su militancia política en el Partido Nacionalista Constitucional cuyo líder era el ahora diputado por Juntos por el Cambio, Alberto Assef. El legislador nacional, cercano a Miguel Pichetto, acaba de pedir informes sobre los patrimonios de dos jueces de Casación bonaerense: Victor Violini y Daniel Carral. En el caso de este último formado, casualmente, en el estudio que comandaba el ejemplo jurídico del Presidente de La Nación: Esteban Righi.
Mientras tanto, en el Gran Buenos Aires la gente se debate entre salir a trabajar para comer o contraer covid-19. Ahora deberá sumarle la preocupación de no toparse con el delincuente que, en muchos casos, le arruinó la vida.
