El hacinamiento tolerado por Rafecas desde 2018 explotó cuando Emiliano Blanco era titular del Servicio Penitenciario Federal y llegó la pandemia. El Sr. Blanco no tuvo mejor idea que cerrar las unidades penitenciarias transitorias en Ciudad de Buenos Aires, transfiriendo el hacinamiento a las alcaidías y comisarías porteñas.
La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, convalidó esta situación con su tradicional 'mutis por el foro', una característica de su gestión, supuestamente dedicada a la reforma judicial que nunca llega (motivo por el cual, quienes no la quieren la llaman "Alais 2020" por aquel general Ernesto Alais, que debía llegar con tropas contra el alzamiento 'carapintada' de 1987, y no llegaba más... ).
En las alcaidías de la Ciudad se encuentran hoy día presos con condena, lo que se diría una aberración penitenciaria que provoca el propio Estado.
Insólito lo de Blanco porque en el mundo no se modificaron los status de los penales a causa del covid-19 pero... no fue menos insólito que el cierre de bancos que ocurrió durante semanas en la Argentina por covid-19, o el cierre del Poder Judicial que sigue sucediendo.
Finalmente, Blanco fue despedido, luego del motín en el penal del barrio de Devoto, y cuando su colaborador Cristian Ruriano, fue mencionado en el espionaje ilegal en que incurrió la Administración Macri, una causa judicial de moda.
Lo reemplazó la ex cofundadora y presidenta de la asociación Justicia Legítima, la jueza jubilada María Laura Garrigós de Rébori, con la tarea de normalizar la gestión cuestionada de Blanco.
Pero hasta ahora, Garrigós de Rébori parece más expeditiva en sus declaraciones periodísticas que en la resolución administrativa. Por lo tanto, la gravísima situación irregular no fue corregida.
Las alcaidías de la Ciudad no cuentan con las condiciones edilicias que garanticen estadías prolongadas de las personas para su vida cotidiana; sin mencionar que carecen de un sector médico, hoy día imprescindible en una pandemia. Una alcaidía de la Ciudad no se encuentra preparada para la detención de las personas por un tiempo superior a 72 horas, y resulta que hay detenidos que llevan meses.
Hay un nuevo hábeas corpus en trámite, interpuesto por la Defensoría General de la Ciudad, a cargo de Horacio Corti y Marcela Millán; a la que fueron citados el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Djivaris; y otros; en trámite ante la jueza en los Penal Contravencional y de Faltas N°3, Carla Cavalieri.
Todo indica que la razón asiste a Cortin y Millán. Tanto Carlos Juan Acosta, director Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación; y Esteban Pablo Fainberg, jefe del Área Centros No Penitenciarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación, se presentaron al habeas corpus colectivo en carácter de “Amigos del Tribunal”, solicitando se resuelva favorablemente lo peticionado por Corti y Millán.
La abogada Millán dejó expresa constancia de que "las condiciones de detención en comisaría son inhumanas y que no hace falta que sea reiterado" mientras que Djivaris insistió que es "una situación no deseada" cuya "solución no puede empezar a transitarse sin la colaboración del Servicio Penitenciario Federal", que durante 2 meses "no hubo remisiones (N. de la R.: de detenidos en alcaidías) al SPF y ello fue el inicio del problema", que el GCBA "quiere preservar a rajatabla el sistema de alcaldías para alojamiento de detenidos" pero que esto requiere un flujo que permita "descomprimir el sistema de alcaidías".
Es cierto lo de Djivaris: el sistema de alcaidías fue un logro de la Ciudad, basada en un principio muy importante: quien detiene a una persona no es quien lo vigila o cuida; y la idea fue 1 alcaidía por comuna. Luego llegó la Nación para complicarlo todo por impericia propia.
En los penales federales comienzan a existir vacantes porque en el marco de los nuevos protocolos hay arrestos domiciliarios y excarcelados con pulseras electrónicas, además de una delegación persistente de delitos de Nación a la Ciudad Autónoma, incluyendo la narcocriminalidad. Pero Garrigós afirma que hay problemas interjurisdiccionales que impiden utilizar muchas de las vacantes porque, a causa del covid-19, no se permite desplazar detenidos fuera de AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires).
En concreto, en las alcaidías de la Ciudad hoy (01/07) hay 151 detenidos y en las comisarías de la Policía de la Ciudad hay 131.
Algo más: los detenidos con covid-19 pasaron en 24 horas de 19 a 25, existiendo 3 lugares diferentes de alojamiento: las alcaidías 12 y 15 y el Hospital Álvarez.
Es necesario destacar que no hay pulseras electrónicas suficientes. Es un negocio de proveedor monopólico, con entrega pendiente de esos equipos de seguridad.
Esto fue lo que llevó a legitimar los "arrestos domiciliarios dinámicos", o sea de control telefónico. Esta situación continúa con Garrigós.
En definitiva, la procrastinación de que se acusa al presidente Alberto Fernández parece resultar una mancha venenosa en la Administración.
