Resulta muy grave que un Estado permita la excepcionalidad, en especial la excepcionalidad no reglamentada. Porque es bien diferente promulgar una legislación de emergencia a ejercer el derecho por mano propia, y en nombre de 'no tengo dónde vivir' violentar los derechos de otro (o Estado o privados, da igual).
El Estado tiene mecanismos de asistencia, y si no funcionan deberá reestructurarlos para lograr una mejor eficiencia, pero es muy delicado que las 'organizaciones sociales' impongan la Ley, el Orden y las circunstancias en la que puede ocurrir la violación. Terminan colisionando con la autoridad de quienes sí pueden hacerlo porque fueron elegidos por el voto popular, algo que no lograron los mal llamados 'dirigentes sociales'.
El Presidente Fernández debería considerar que las 'organizaciones sociales' tienen un gerenciamiento profesional, hay personas que trabajan de ''dirigentes sociales' y su forma de vida es organizar y agitar esas 'organizaciones', y velar por la rentabilidad de esa tarea, tal como si fuesen CEOs de algunas corporaciones privadas.
Semejantes intermediarios están usurpando los derechos y obligaciones propias del Estado, que es quien en verdad dispone de los recursos y la autoridad para atender las necesidades populares.
Luego, detrás de la ocupación ilegal de terrenos a menudo hay personas que intentan obtener beneficios personales en nombre de reclamos colectivos, tal como quedó en evidencia en un acontecimiento famoso y emblemático como lo fue aquel intento de ocupar el Parque Indoamericano, en la Ciudad de Buenos Aires, un evento que recordarán muy bien tanto María Eugenia Vidal como Aníbal Fernández.
Muchos funcionarios reaccionan con ánimo 'concesivo' porque se supone que es 'progre' atender a los 'movimientos sociales' y satisfacerlos, porque 'son pobres'. Habría que exigirles a estos funcionarios que resuelvan de otra manera el trauma que puedan estar cargando, y en todo caso solicitarles asistencia psicológica.
Pero su razonamiento es una aberración y esas personas deberían dejar de ser funcionarios porque están incumpliendo con sus deberes y afectando los intereses del Estado.
No se trata tampoco de reprimir sino de establecer límites precisos porque hoy son las ocupaciones ilegales y mañana pueden resultar situaciones aún más irregulares ya que reivindicaciones siempre serán posibles de encontrar, en especial cuando se aproxima el electoral 2021.
Permitir la violación de la Ley en una ocupación ilegal, hay un paso mínimo a permitir la violación de la Ley en la apropiación de un supermercado o en el no pago de impuestos o de servicios públicos, y más tarde en hechos más graves.
Por último, es llamativa la actitud pasiva de varios intendentes municipales, comportamiento que que obliga a sospechar de algún interés personal en las consecuencias del delito no punible socialmente porque 'hay mucha pobreza'.
