No obstante, gracias a simpatías y amistades políticas, D'Elía logró postergar durante años todo el proceso legal convencional acerca de aquel evento tan polémico.
Finalmente, él fue condenado a una pena de 3 años y 9 meses de prisión por la toma de una comisaría de La Boca en 2004.
Cuando la pandemia llegó a la Argentina, en 2020, D'Elía estaba cumpliendo su condena en el penal de Ezeiza.
Ante un cuadro febril, D'Elía se negó a ser atendido en el Hospital Penitenciario Central de la cárcel de Ezeiza.
D'Elía obtuvo un privilegio: que le autorizaran el traslado a un nosocomio privado, la Clínica Anchorena.
Luego, sus abogados hicieron una presentación judicial y la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal N°8, lo benefició con la prisión domiciliaria.
Entonces, no puede obviarse que cuando D'Elía tuitea es desde una prisión domiciliaria que cumple por transgredir la Ley.
En ese contexto, D'Elía persiste en la reivindicación de su propio Código Penal, diferente al de todos.
Y D'Elía escribió:
"Compañero @Kicillofok con todo el afecto y el reconocimiento que le tengo; En el conurbano más de dos millones y medio de personas vivimos como lo llama usted en "intrusiones ilegales". El kirchnerismo no puede hablar de "intrusos ilegales" eso déjelo para la derecha salvaje"."
D'Elía no le pidió al gobernador Axel Kicillof que procure encontrar una respuesta legítima, sino que lo condena porque Kicillof coincidió con los intendentes municipales y con todo el sistema judicial, acerca de la ilegalidad de la ocupación de cualquier terreno que no sea propio o, al menos, acordado con el legítimo propietario.
Para D'Elía, la legalidad es una cuestión de interpretación laxa, sujeta a consideraciones morales, que también es un concepto flexible porque depende cuestiones culturales, religiosas, históricas, etc. No es necesario explicárselo a D'Elía porque él es Profesor de Historia.
En todo caso, D'Elía le suma a su propio Código Penal, un Código Unificado Civil y Comercial.
En el Frente de Todos hay otros que teorizan por estas horas -la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acaba de demostrarlo por la TV- que hay delitos que no están en la Legislación y hay delitos en la Legislación que no deberían considerarse delitos.
La pregunta inevitable es:
> ¿Y quién tiene la balanza?
> ¿Por qué no modificar la Ley en vez de reivindicar la discrecionalidad?
> ¿Por qué dirigentes populares ambicionan legislaciones exclusivas y no generales, al acceso de todos?
Saliendo de Mendoza y regresando a D'Elía, resulta que hay intrusos legales, una figura curiosa.
Y la legalidad o ilegalidad de un intruso la determina, por ejemplo, D'Elía con un tuit.
O Emilio Pérsico o Fernando Navarro, ambos integrantes del Movimiento Evita, que militó con Florencio Randazzo contra Cristina Fernández de Kirchner en los comicios 2017, igual que Alberto Fernández y Santiago Cafiero.
En su texto, D'Elía establece, por omisión, una derecha no salvaje y una derecha salvaje.
Decir "intrusos salvajes" sería parte del léxico, según él, de la "derecha salvaje" pero la derecha no salvaje, entonces, ¿es condescendiente con el delito de intrusión?
En fin, un problema semántico que supera a Urgente24.
Mejor abordar la cuestión de fondo: la ausencia de viviendas se corrige con la construcción de viviendas.
La eliminación de barrios de emergencia se corrige con la urbanización de las villas.
Los intendentes municipales no han trabajado al respecto pese a que el Gran Buenos Aires recibió partidas fiscales excepcionales desde el Fondo de Reparación que Carlos Menem le entregó a Eduardo Duhalde desde 1991.
Nada se hizo. En la pandemia hubo que salir a reequipar hospitales, construir infraestructura, la salud pública es un caos, por ejemplo.
Ni hablar de las cloacas -a las que no le daban importancia muchos políticos porque "van por abajo, no se ven"-, la educación y, obviamente, las viviendas. Y el Estado debe resolverlo porque para eso cobra impuestos. Ahora, ¿cómo resuelve el Estado su morosidad?
D'Elía propone saltar por sobre todos y considera apropiado ejercer la reivindicación por derecho propio, en acción directa.
No obstante, no es tan cuestionable tener una interpretación propia del Derecho, no es el fondo de la cuestión sino apenas una anécdota para introducir esta nota.
La cuestión de fondo a la que se refiere el hoy cuestionado Derecho de Propiedad consiste en que es un pilar del Estado de Derecho.
Cuidado porque persistiendo por ese camino se sale del Estado de Derecho. No es bueno para una democracia republicana. El Estado de Derecho es el ámbito colectivo donde se garantizan sus promesas y los derechos que concede, a cambio de exigir obligaciones.
No es apropiado instalar que el Estado de Derecho es ineficaz para atender las necesidades populares. Si esto fuese cierto, el abismo por delante impide continuar con esta columna.
