El escándalo en ANSeS Mardel y el hilo del control jubilatorio se corta por lo más delgado

En el país hay 5,2 millones de jubilados en total, de los que 0,003% tienen regímenes especiales que reportan cerca del 20% de la torta, mientras los que accedieron a través del Plan de Inclusión Previsional (moratorias) representan el 65% de la nómina. La ley de emergencia impone el congelamiento en la aplicación de la fórmula de movilidad para ajustar sus haberes en el 1er semestre de 2020 a casi 2 millones de jubilados que superan $19.068, pero exceptúa a unas 3 millones de personas que perciben los mínimos junto a los privilegiados: miembros de la justicia, del servicio diplomático o ex presidentes, entre los principales, a quienes les serán revisados los beneficios en las sesiones extraordinarias del Congreso que han sido convocadas. Hasta tanto, cobrarán los aumentos que sean decretados. En la moratoria entró de todo: desde humildes trabajadores que no habían aportado por haber sido víctimas de la enorme economía negra, hasta empresarios que se hicieron una posición desde las sombras fiscales. También se les hizo un lugarcito a muchas amas de casa mediante tramitaciones “armadas” por gestores ad hoc, algunos pasados a la órbita judicial, como sucedió en Mar del Plata, donde inspectores de Anses citan mediante intimidatorias cartas documento a esas personas mayores involucradas, lo mismo que a los que figuran como empleadores en el expediente, y los apabullan con amenazas de que les será retirado el beneficio. Pagan así el precio por no tener un poder de lobby político equivalente al de otras minorías mucho más privilegiadas que pasaron a jurisdicción de comisiones legislativas. Un silencioso contingente de jubilados que reunió los años de aportes correspondientes flotan dentro del freezer.