Berni también dedica tiempo y esfuerzos a emprendimientos ajenos a su función. El cirujano de Capilla del Señor que hubiera querido ser militar se postula para la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y no perdona paredón de la zona sur del Conurbano sin pintadas que respalden su ambición. Otros spots del ministro instalaron la marca Fuerza Buenos Aires, de obvia proyección electoral.
Sus spots de campaña son risibles pero explícitos. Super Berni quiere dejar una huella en la historia, dice. ¿Como Putin en Rusia?
Esto ha provocado malestar entre los intendentes que tienen otras preferencias. Uno de los más enojados es el de Lomas, Martín Insaurralde.
La insistencia de Berni en calificar como delincuentes a quienes intentan apoderarse de un pedazo de tierra para erigir su vivienda es más inoportuna que la denuncia penal de la ministra Sabina Frederic contra quienes atizaron respuestas violentas a las ocupaciones en Villa Mascardi. Ambas producen reacciones furibundas que sólo convienen a los enemigos comunes. Si los políticos se olvidaran por un tiempo de los tribunales todo sería menos embrollado.
No es una cuestión ideológica. Sabina entiende que no se puede responder con medidas de seguridad a una problemática estructural. Berni lo conoce bien, pero ha elegido un rol que considera más atractivo para la vecinocracia bonaerense. Esa problemática estructural se arrastra desde la dictadura, cuando la ley de barrios cerrados entregó al negocio inmobiliario las mejores tierras suburbanas, y se agravó con el menemismo, cuando el avance de los cultivos transgénicos sobre los ejidos urbanos terminó de arrinconar a los más necesitados. (...)
Tampoco parece muy inteligente haber unido en el calendario este debate sobre propiedad de la tierra y derechos esenciales, con los anuncios grandilocuentes sobre seguridad frente al delito, que es un tema muy distinto. (...)".
Y aquí Mario Wainfeld, en Página/12, con conceptos tan similares que parecieran haber dialogado con el mismo funcionario público (Alberto Fernández), aparentemente aterrado ante la posibilidad de que los 'piqueteros' movilicen a sus huestes (¿...?) en el GBA porque resulta que el FdT no tiene reemplazo 'en la calle'. Además, el vínculo con los intendentes municipales obviamente no es muy bueno:
"(...) Las tomas preocupan a los intendentes, atentos a las reacciones de los vecinos. El Estado tiene deberes varios respecto del derecho a la vivienda digna: prohijar ocupaciones de predios no se cuenta entre ellas. Puesto de otra manera: tiene deberes más estrictos. También la carga de preservar el orden público.
Los punitivistas cortan el nudo gordiano: criminalizan las tomas. Son delito, alegan. En una interesante columna de opinión publicada el sábado en este diario Juan Grabois (referente de MTE/UTEP) explica las tomas, desde un ángulo social y político.
(N. de la R.: En ese texto, Grabois afirma: !El peronismo enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho… no un delito. Nuestra posición es clara y la decimos a cara descubierta: toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad.").
En materia jurídica, el abogado Grabois interpela “ocupar no es usurpar (…) existe algo llamado derecho penal”. Tiene razón. En un breve diálogo telefónico el profesor-presidente Alberto Fernández discurre parecido. “El derecho penal no resuelve todo. El delito de usurpación no está previsto para estos casos. Si yo fuera juez no condenaría a quien se instaló en estado de necesidad. Menos en pandemia cuando se le pide a la gente que se guarezca, que se quede en sus viviendas”. Redondea con un tecnicismo: “Sería una acción típica pero no antijurídica”.
El mandatario conoce, por boca de periodistas y alcaldes conurbanos, que hay personajes que venden tierras que no les pertenecen, o cobran un alquiler trucho, abusando de la necesidad de los humildes. Esas personas sí delinquen, agrega este cronista, cometiendo estafa solo para empezar. Pero explotan a gente común, carenciada: no la representan ni expresan a su conjunto. Eduardo de la Serna, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, conoce como baqueano a esas prácticas y a los territorios en que vive. Publicó este sábado: “es de esperar que haya buenas políticas sociales, habitacionales que eviten la cantidad de personas que lucran con la necesidad: narcotraficantes, punteros políticos, avivados, fuerzas de seguridad, empresarios inescrupulosos”.
Otra vez se toma una partecita, la peor, para descalificar al todo… y clamar para que encanen a los que buscan una morada. Sin ser jurista, sin usar la jerga técnica, De la Serna da en la tecla desde un punto de vista moral: “los pobres, que deben dejar la casa paterna con sus nuevas familias y encuentran terrenos no aptos, pero al menos posibles, ¿roban?” pregunta. Como buen predicador, induce a la respuesta ética.
La construcción de viviendas es, quizás, la política pública central entre los planes reactivadores de Fernández. La persistencia del virus lentifica la instrumentación. Se prolonga la gigantesca deuda interna.
Las controversias internas en el Frente de Todos (FT) corresponden a roles diferentes y a ambiciones distintas. El modo de participar en las futuras acciones diferencia a movimientos sociales e intendentes.
Existen también reyertas entre Berni y los alcaldes. El plan de seguridad lanzado el viernes complace de modo diverso a distintos protagonistas. Los intendentes, de todos las fuerzas políticas, celebran tener recursos técnicos, más efectivos, móviles, cámaras etc. Saben que eso sintoniza con los reclamos de la gente común. Berni pudo haber sido puenteado un poquito pero se atendió a una demanda iniciática suya: el envío de gendarmes para ampliar el número de uniformados en las calles. (...)".
