En medio de una de las peores crisis de seguridad en Ecuador, resulta importantísimo el trabajo de los medios de comunicación para revelar, analizar y advertir sobre los atroces sucesos narcoterroristas.
Los motines en cárceles, secuestros de policías, incendios en las calles y atentados en medios de comunicación y centros educativos parparte de diversos grupos del crimen no se habrían visibilizados solo con el equipo de información del gobierno de Daniel Noboa. Las redes sociales y el aporte de diversas voces del mundo informativo son claves para que la audiencia posea una imagen completa de la realidad.
Estas aclaraciones son oportunas al considerar las graves acusaciones de Noboa contra la prensa ecuatoriana.
El miércoles 10 de enero durante una entrevista en Radio Canela sostuvo que se debería investigar a la cadena de Televisión Teleamazonas para indagar en las razones que llevaron al medio de comunicación a enlazarse a la transmisión de TC Televisión del día anterior durante la tensa situación de la toma de las instalaciones y de rehenes por parte de un grupo armado.
“Nosotros sí cortamos la señal; pero, mágicamente, y eso me gustaría que investiguen también, se enlazó Teleamazonas. ¿Por qué Teleamazonas quiere espectacularizar eso? Por qué se enlaza, porque no había una reportera, no había un reportero. Por qué se enlaza en vivo Teleamazonas y agarra la señal de TC. ¿Por qué espectacularizar eso?”.
Pero, ¿cómo el pueblo ecuatoriano iba a tener conocimiento de esa violenta irrupción al canal? ¿De qué otro modo podría comprender el nivel de peligrosidad que estas bandas criminales sueltas representan para la ciudadanía? En estos casos, aquello ameritaba ser cubierto por cualquier medio televisivo.
Luego Teleamazonas, a través del presentador de noticias Milton Pérez, repudió las acusaciones y sostuvo que “cumplió con su tarea de informar a la ciudadanía”, según El Universo.
“El país fue conmovido por un gravísimo acto terrorista al ser asaltado el canal de televisión TC y secuestrados 35 de sus trabajadores, colegas nuestros, que en ese momento se encontraban en sus labores diarias. Teleamazonas (...) cumplió con el deber profesional de transmitir los hechos con la honestidad y responsabilidad de siempre”.
Además, remarcó que los reporteros del canal expusieron su vida para seguir el trabajo de la Policía Nacional en las afueras del TC asaltado “para informar al país” y remarcó: “Teleamazonas no amplifica mensajes de las mafias que pretenden infundir terror en la población. Más bien, corresponde preguntar a las autoridades: ¿cuándo van a mejorar los servicios de inteligencia para que se eviten hechos como este?".
Según el diario La Hora, esta no es la primera manifestación de animosidad del gobierno hacia el periodismo del país. Desde el Legislativo, el legislador Ramiro Vela (Centro Democrático) impulsa una reforma del Código Orgánico Integral Penal para penalizar contenidos publicados en redes sociales y medios digitales.
“La persona que, por cualquier medio, plataforma digital o red social realice o publique una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años y con tres a ocho salarios básicos unificados del trabajador en general”, propuso Vela.
Para el diario esto no es más que una “absurda medida” que “solo serviría para amedrentar al periodismo, y estimular al mismo tiempo la calumnia anónima y los ‘trolls’.
La Hora, en una editorial reflexiva en torno a todo esto, denunció: “No se puede permitir que la situación de conflicto armado interno se use como pretexto para silenciar a los medios de comunicación”.
“Resulta inaudito que en lugar de responsabilizar por la zozobra a los criminales o a las instituciones estatales encargadas de mantener el orden, se culpe a los periodistas por informar sobre lo que sucedía”.
Y concluyó: “En este momento es cuando más necesita la ciudadanía información profesional y de calidad. En lugar de estigmatizar, un estadista debe ofrecer seguridad y garantías al periodismo, pues de eso depende la democracia en la que opera”.
No otra cosa expresó recientemente Reporteros Sin Fronteras (RSF) que pidió al gobierno que “garantice la protección de los periodistas, cuyo papel es más fundamental que nunca en tiempos de crisis”.
En ese sentido advirtió por la creciente ola de violencia contra la prensa que azota al país y aseguró que el asalto y la toma de rehenes en directo en un canal de televisión de Ecuador lo ilustra. Según la entidad, Ecuador ocupa la posición 80ª en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023 de RSF, 12 puestos menos que el año anterior y una de las mayores caídas de la región.
Lejos de ser los creadores de la violencia, los medios se limitan a contarla, y en ocasiones, como la reciente, padecerla. La realidad es que el clima informativo en Ecuador también está bajo presión. Tras el asalto a TC Televisión, los principales medios de Guayaquil evacuaron a su personal y redoblaron las precauciones. Muchos canales están rodeados por las FFAA.
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