Cabe recordar que el inicio del conflicto data del año pasado, cuando el en ese entonces CEO de Disney, Bob Chapek, aseguró que la ley promovida por DeSantis que prohibió a los docentes hablar sobre diversidad y orientación sexual "infringe los derechos básicos humanos".
Ante esto, el gobernador republicano mostró su furia al firmar una ley que quitó al holding de medios el status fiscal especial de autogobierno en el distrito de Florida al que pertenece el parque temático y estableció en el comité interno especial que dirige la compañía a los cinco representantes deben ser elegidos por el propio DeSantis.
Antes de que la nueva junta asumiera el cargo, Disney elaboró contratos de desarrollo que, según dijo, tenían como objetivo asegurar sus futuras inversiones en Florida. En abril, la junta de DeSantis votó a favor de anular esos contratos, lo que llevó a Disney a presentar su demanda federal.
Dicha demanda fue por la presunta "campaña de represalias dirigidas", en la que Disney acusó a DeSantis de "querer castigar" a la compañía dada la postura político-ideológica sobre los derechos LGTTBQ, lo que según la propia empresa, violaría la liberta de expresión consagrada en la Constitución de los Estados Unidos.
Tras la última enmienda de Disney a su demanda federal, la junta dijo que estaba "complacida de que Disney dio marcha atrás en estos reclamos legales contra el distrito en su caso federal"
En el caso a nivel estatal, Disney ha presentado contrademandas, incluida una reclamación por incumplimiento de contrato, y busca daños y perjuicios contra la junta. El jueves temprano, la junta pidió a ese tribunal que desestimara las contrademandas de Disney.
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