Las audiencias públicas en el Tribunal americano iniciaron el jueves pasado (22/05/25). De acuerdo con el testimonio de la perita Kimberly Theidon, reconocida antropóloga médica que compareció ante el tribunal, “existen pruebas contundentes de que esta política fue aplicada especialmente a mujeres indígenas, analfabetas y empobrecidas”.
Las esterilizaciones forzadas en Perú en la Corte IDH
El jueves pasado, en el marco del primer juicio internacional por el caso de Celia Ramos, víctima de las esterilizaciones forzadas en Perú hace 28 años, Marisela Monzón Ramos, una de las hijas, rindió su declaración ante la Corte. Tenía solo 10 años cuando perdió a su madre. “Tiene que haber justicia y una reparación acorde, expresó.
Entre 1996 y 2006, durante el gobierno de Alberto Fujimori, el personal de salud en Perú fue obligado a cumplir cuotas mínimas de esterilizaciones, bajo amenaza de sanciones si no alcanzaban los objetivos establecidos. Según estimaciones oficiales, alrededor de 300 mil mujeres —en su mayoría de bajos recursos o pertenecientes a comunidades indígenas— fueron esterilizadas como parte de este plan gubernamental.
Investigaciones y testimonios recogidos por organizaciones como Amnistía Internacional y Cladem, por el Congreso peruano y medios de comunicación hablan de que el personal de salud durante el gobierno de Fujimori utilizó amenazas, mentiras o chantaje emocional para cumplir con la cuota mínima de esterilizaciones.
Algunos de ellos fueron:
- Chantaje a madres que recién dieron a luz con no inscribir a sus hijos en registro civil.
- Amenazas con realizar abortos a las mujeres embarazadas que no acepten ser esterilizadas.
- Presión psicológica con argumentos sobre la irresponsabilidad o inestabilidad económica de los maridos para que las mujeres opten por la anticoncepción quirúrgica.
- Visitas casa por casa de enfermeras que amenazaban con volver "con la Policía" si las mujeres no aceptaban acudir al centro de salud.
- Festivales y campañas destinadas a convencer a las mujeres de que el mejor método de anticoncepción es la ligadura de trompas en lugar de otras formas de planificación familiar no definitivas.
- Recorridos de ambulancias casa por casa para recoger a mujeres.
- Pago de "incentivos" económicos a los maridos para que firmen una autorización para que la mujer sea sometida a una esterilización "voluntaria".
- Ofrecimiento de alimentos y medicinas como mecanismo de captación de mujeres de escasos recursos o con necesidades urgentes.
- Uso de la fuerza física para llevar a las mujeres a los centros de salud.
Actualmente, la denuncia por las esterilizaciones forzadas ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se busca justicia para las víctimas y el reconocimiento de estas prácticas como violaciones graves a los derechos humanos.
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Esterilizaciones forzadas en Perú, el caso de Celia Ramos | GENTILEZA FRANCE 24
Uno de los casos que ha llegado a la Corte IDH es el de Celia Ramos, quien falleció en 1997 tras someterse a una ligadura de trompas realizada en condiciones precarias y sin haber dado su consentimiento escrito al personal médico.
"Celia tenía 34 años. Personal de salud del caserío La Posta fue a buscarla más de una vez. Le insistieron en que se sometiera a una ligadura de trompas. Le dijeron que era algo rápido, 'como sacarse una muela'. El día de la operación no volvió. Fue llevada de emergencia a una clínica, donde pasó 19 días en cuidados intensivos hasta que falleció. Nunca le explicaron los riesgos del procedimiento. Nunca hubo un consentimiento informado. Su familia jamás recibió una respuesta clara. Ni justicia. Ni atención psicológica. Ni una disculpa oficial", comentó la periodista peruana Fabiola Torres en su columna para Saludconlu.pa.
Celia Ramos sufrió un paro respiratorio inducido por los medicamentos utilizados durante el procedimiento de esterilización. La atención médica precaria y un traslado tardío a un centro de mayor complejidad agravaron su estado, y falleció tras 19 días de agonía en coma.
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Celia Ramos años antes de ser víctima de una esterilización forzada en 1997. A más de dos décadas de su muerte, su caso es el primero sobre esterilizaciones forzadas en el Perú en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Archivo familiar / Corte IDH
La Defensoría del Pueblo registró su caso como una de las 16 muertes vinculadas a las prácticas realizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF). Pero el caso fue archivado en númerosas ocasiones.
Su caso, al igual que el de miles de mujeres peruanas, podría llevar a que la Corte IDH sentencie al Estado peruano —más allá de la figura de Alberto Fujimori— como responsable por su muerte y de las esterilizaciones no consentidas. La Corte también podría ordenar reparaciones para las víctimas de las esterilizaciones forzadas y exigir que se juzgue a todos los responsables, tanto administrativos como médicos.
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