De los autores materiales, sean uruguayos o argentinos, poco se sabe.
«Fueron condenados los responsables intelectuales pero no como autores materiales directos, estos operativos están enmarcados en el Plan Cóndor implican al Estado uruguayo a través de sus organismos de inteligencia», dijo el abogado defensor de las familias de Whitelaw, Barredo, Michelni y Guiterrez Ruiz, Pablo Chargoñia.
Las causas fueron presentadas recientemente a la Justicia uruguaya y engloba, además de los cuatro asesinatos, el secuestro de tres niños, los que se encontraban con Barredo y Whitelaw, y la desaparición de Manuel Liberoff.
El abogado indicó que pese a que el crimen se efectuó en territorio argentino, la responsabilidad también recae sobre el Estado uruguayo.
«Al tratarse de un crimen del Estado uruguayo es necesario revisar la actuación del Servicio de Información de Defensa que se encargaba de la coordinación con los agentes represivos de Argentina», puntualizó Chargoñia.
La responsabilidad de los agentes de inteligencia del SID se debe a que «es imposible desarrollar un acto criminal de semejante envergadura sin que la oficina de inteligencia más trascendente de la dictadura cívico militar haya tenido una actuación protagónica en el crimen», explicó el abogado.
Bacacay 3570
Bacacay 3570 es la ubicación del centro clandestino del barrio la Floresta, conocido como «El Jardín» que funcionó entre abril y mayo de 1976, hasta que las Fuerzas Conjuntas argentinas decidieron mudarse hacia Automotores Orletti el 1 junio. También es la razón por la que los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw comiencen a ser nuevamente investigados por la justicia uruguaya.
Es que el descubrimiento de este «nuevo» centro clandestino, del que se supone que varios uruguayos asesinados y desaparecidos pasaron por allí, fue gracias a unos documentos desarchivados de la CIA a los que accedió el año pasado el juez federal argentino Daniel Rafecas.
La causa tomó otro ritmo: el juez argentino además de tomar declaraciones de familiares de detenidos y desaparecidos uruguayos que presume que han pasado por allí, pidió tener acceso a las actas de la Comisión Investigadora de los Asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que funcionó el segundo semestre de 1986 en el Parlamento uruguayo. Fue así como el senador nacionalista, Jorge Gandini, pidió a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, tener acceso a las actas, que con el paso del tiempo habían perdido su carácter de secretas.
Perciballe
La investigación judicial del lado oriental del río Uruguay, está en manos de Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, encabezada por Ricardo Perciballe. «La coordinación con la Justicia argentina se da a través de un organismo que pertenece a Fiscalía», informó el fiscal uruguayo quien sostuvo que desde el organismo manejaba tanto las denuncias de Whitelaw, Barredo, Michelini, Gutiérrez Ruiz, como la del detenido desaparecido uruguayo en Buenos Aires, Manuel Liberoff, quien fue detenido un día antes de la aparición de los cuatro cuerpos.
El descubrimiento de Bacacay, llevó a la Justicia a investigar las causas juntas, el 13 de mayo de 1976, los dos exmilitantes tupamaros refugiados en Argentina, Barredo y William Whitelaw, fueron tomados como prisioneros junto con sus hijos Gabriela, de 4 años, María Victoria, de 16 meses, y Máximo, de 2 meses. El 18 de mayo, fueron secuestrados los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. El 20 de mayo, se hallaron los cuatro cuerpos en el auto Torino.
Por otra parte, Perciballe sostuvo que la ubicación del centro clandestino en la calle Bacacay podría haberse establecido con anterioridad a través de un contrato de arrendamiento de Automotores Orletti donde aparecía el nombre de Aníbal Gordon y una dirección sobre la calle Bacacay, «hay que corroborar si es la misma», determinó Perciballe.»La desaparición de Liberoff ocurrió en las mismas circunstancias que otros siete caso anteriores y otros 14 casos posteriores que están al mismo tiempo imbricados con este caso», explicó Perciballe.
La fiscalía apunta a una investigación sobre «el modus operandi» de los militares e intenta dilucidar los patrones comunes entre los casos así como «el móvil económico y político» de los cuatro asesinatos y la desaparición forzada de Liberoff. Tras el nuevo descubrimiento del archivo del Grupo de Artillería Nº 5, Perciballe aseguró que se utilizarán tres documentos de todo el corpus.
«Había una visión macro de los militares de obtener dinero de las organizaciones políticas. Por ejemplo, Whitelaw podría, eventualmente, tener dinero de la organización política a la que había pertenecido, el MLN. Si bien también se hicieron de pertenencias a nivel micro, lo que ellos llamaban «botín de guerra», explicó el fiscal. A los legisladores, los que no tenían acceso a financiamiento de ninguna organización política, sí les sustrajeron objetos de sus domicilios en el caso de Gutiérrez Ruiz de su propia casa y de Michelini aunque tenía menos objetos porque vivía en un hotel.
«Ese es uno de los modus operandi que al ingresar a tu domicilio te robaban todo. Pero es algo menor con respecto a lo otro con millones de dólares que manejan las organizaciones», aseguró Perciballe. La sustracción de dinero a nivel macro sí puede aplicarse como «móvil» al caso del detenido desaparecido Liberoff quien «recaudaba fondos para el Partido Comunista, en Argentina». (...)".
