El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX presentó una oferta de US$340,2 millones, frente a los US$285 millones ofrecidos por el grupo Roggio Roas. El Ejecutivo informó que el futuro operador deberá cumplir compromisos de inversión superiores a US$2.000 millones durante los primeros cinco años.
La operación plantea un interrogante central: si los usuarios deberán pagar tarifas más altas y el concesionario asumirá obligaciones de inversión. El contrato también contempla un plan de acción de $2,89 billones para 2027-2031, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, destinado a obras, mantenimiento, mejoras y operación.
El costo social del ajuste y los servicios
La administración libertaria presenta la participación privada como una salida a las ineficiencias históricas. Sin embargo, una reforma que modifica los coeficientes y reduce descuentos exige transparencia sobre sus efectos distributivos, especialmente para los hogares de menores ingresos.
El agua potable y el saneamiento no son consumos fácilmente sustituibles. Por eso, antes de convertir la actualización tarifaria en otro capítulo del ajuste, el Gobierno deberá demostrar que la reorganización mejora la cobertura, la calidad y la infraestructura sin profundizar las dificultades económicas de las familias.
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