Las Pymes de la construcción recibieron muy mal el decreto del presidente Alberto Fernández por el cual se dispuso que el 30% de la obra pública nacional sea otorgada a cooperativas de la “economía popular”.
Los empresarios de pequeñas y medianas empresas se quejan de que se privilegia a movimientos sociales que tienen a los trabajadores en la informalidad y por las diferencias costos. Además, plantean que las Pymes están en “riesgo de extinción”.
La semana pasada, Alberto Fernández emitió el decreto 728/2022 por el cual dispuso que el 30 por ciento de la obra pública nacional sea otorgada a cooperativas de la economía popular.
Además, estableció que en los procesos licitatorios se dará preferencia a las empresas oferentes que cuenten con un mínimo del 5 por ciento de su planta conformada por trabajadores enmarcados en el programa "Puentes de Empleo" y dio un plazo de 60 días para la designación de los representantes de los diferentes sectores que componen el llamado Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.
La intención del Gobierno es promover en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el otorgamiento del 30% de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $ 300.000.000, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas.
El decreto presidencial cayó muy mal entre las Pymes de la Construcción que ven una suerte de competencia desleal y les quita trabajo.
Gustavo Weiss (Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) resumió este lunes (7/11) en declaraciones a Radio Continental la situación: “En el país hay registradas 20.000 empresas constructoras formales. Las cooperativas están exentas de algunos impuestos que no están exentas las formales, cuando al final del camino se pone un precio para competir entre una Pyme y una cooperativa puede ser del 40% entre impuestos en cargas sociales a salarios, que las cooperativas no contemplan y el impuesto a las ganancias que las cooperativas no pagan”.
En ese escenario, el dirigente sentenció: “Es imposible competir con una desigualdad de costos tan grande entre cooperativas y empresas formales, por eso decirnos que esas empresas corren peligro de subsistencia”.
Aunque el decreto presidencial destaca que habrá una licitación para adjudicar las obras, Weiss insiste en que “es imposible que una empresa pueda cumplir con otro cuando hay una diferencia de costos del 40%”.
El titular de la Cámara indicó que el sector no fue convocado por el Gobierno nacional para analizar el decreto que favorece a los movimientos sociales y puntualizó que “las Pymes están en riesgo de extinción, por eso rechazamos el decreto del Gobierno que asigna 30% de la obra pública de menos de $300 millones a movimientos sociales".
Además, planteó que “las personas que integran esas cooperativas no tienen jubilaciones, no tienen aguinaldo ni ART…cobran un salario de bolsillo y el día que se jubilan no tienen acceso a jubilación ni a ningún beneficio de los que tiene el empleado asalariado en blanco”.
Es un “fraude laboral”, denunció y destacó que “hay muchas cooperativas instaladas hace mucho tiempo en el país que están exentas de impuestos, pero desde el punto de vista laboral cumplen con las normas laborales”,
"No hay que darle trabajo a las cooperativas que siguen en la informalidad", reclamó.
Por último, mencionó que les pidieron reuniones a los ministros del Gobierno nacional y “al presidente”: "Estamos pidiendo que nos reciba el Gobierno, el camino es formalizar a la gente".
Y recordó: “La inmensa mayoría de las empresas constructoras del país son Pymes”.
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