Cabe recordar que las en enero, las principales empresas de medicina prepagas aumentaron 40%. Y luego llegaron las facturas de febrero, con aumentos del 30% en promedio. Al respecto, los legisladores de la CC dijeron que, en ambas oportunidades, fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean: la UAS.
La denuncia ante la CNDC apunta en los acuerdos presuntamente establecidos entre competidores para fijar los aumentos de precios de manera coordinada, lo cual afectaría negativamente a los usuarios del servicio de medicina prepaga. También acusa sobre una "posible cartelización" que afecta a los proveedores, dado que acordaron la fijación del aumento de los planes, así como también los valores promedio para los aumentos a hospitales, médicos y farmacéuticas.
Según la legislación vigente, la mera acción coordinada de dos o más competidores para fijar los precios a los consumidores y usuarios, o para coordinar posturas frente a sus proveedores, es considerada una conducta ilegal. "Eso significa que acreditada la conducta, se presume el incumplimiento a la ley de defensa de la competencia", agregaron.
Desde el ARI, plantearon que la CNDC analice la conducta de la Unión Argentina de Salud, sobre la cual aclararon que no tiene el rol de "coordinar los aumentos de precios o las políticas" en relación con los proveedores.
Belocopitt no es consciente de que anunció la comisión de una actividad ilícita, no pueden hacer lo que hicieron Belocopitt no es consciente de que anunció la comisión de una actividad ilícita, no pueden hacer lo que hicieron
En la presentación, los diputados opositores manifiestan que tomaron conocimiento de los hechos por los medios de comunicación en los que el propio Belocopitt, que también es presidente de la empresa Swiss Medical, " contó cómo operó el cartel; y complementan esta información con las comunicaciones de las prepagas a sus afiliados, confirmando los aumentos".
“Si quieren los beneficios de un mercado liberado para fijar precios, entonces tienen que aceptar las restricciones y consecuencias de un libre mercado: tienen que competir. Competir por precios y por mejores servicios”, argumentaron los dirigentes de la CC.
En esa línea, dijeron que se tendrían que evaluar cuestiones como "establecer los refuerzos adecuados de los controles estatales" por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud; e incluir en el marco regulatorio mecanismos que permitan una "portabilidad efectiva de prestaciones frente a la existencia de enfermedades preexistentes y/o cualquier otro motivo que encarece el costo de libre entrada y salida de los planes".
Esto incluye facilitar el proceso de continuidad de los tratamientos en curso y otras contingencias que podría abordarse desde un "fondo de amortización" para la portabilidad; mientras "se contempla la situación de los adultos mayores que llegan a la vejez debiendo pagar excedentes adicionales a su cuota de prepaga y obra social, o pasar al PAMI", mencionaron.
"Finalmente, se deberá pensar en la posibilidad de mejorar el sistema de información al usuario, para permitirle conocer el contenido de los planes de salud y los precios de la competencia, con una composición elaborada por el Estado Nacional", con el fin de facilitar la decisión de los usuarios, cerraron.
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