La presentación incorpora versiones periodísticas sobre la utilización de un mecanismo conocido como collar, que combina la compra y venta de opciones para limitar los riesgos y los beneficios asociados a la cotización de un activo.
Según esas versiones, el BCRA habría vendido el derecho a comprar oro a un precio algo superior a los US$3.000 por onza, mientras que durante 2025 el metal llegó a superar los US$4.000. La suba internacional del oro fue cercana al 65% durante ese año.
Sin embargo, la participación del Deutsche Bank como contraparte no fue confirmada oficialmente por el Banco Central. Precisamente, la denuncia solicita que se determine si esa entidad intervino, cómo fue seleccionada y si hubo intermediarios o comisiones asociadas.
La respuesta del Central y los antecedentes
El organismo monetario defendió el resultado global de su estrategia y sostuvo que la posición total en oro registró una ganancia neta de US$2.505 millones. Ese resultado incluyó una revalorización de aproximadamente US$3.527 millones por el incremento del precio internacional del metal.
La discusión pasa por distinguir esa ganancia contable de la salida efectiva de dólares que generaron los contratos financieros.
Otro punto cuestionado es la documentación de las operaciones. Dalbón sostiene que la AGN no habría podido acceder a copias de los contratos y otros registros necesarios para reconstruir completamente las transacciones.
El escrito también menciona que Caputo y Bausili trabajaron anteriormente en Deutsche Bank, antecedente que, según el denunciante, justifica examinar los criterios de selección de la entidad y posibles conflictos de intereses, aunque no demuestra por sí mismo ninguna conducta irregular.
¿Historial de sanciones para Deutsche Bank?
Ahora, el organismo estadounidense deberá determinar si tiene competencia para analizar el caso y si corresponde avanzar con alguna revisión o remitirlo a otra autoridad.
Mientras tanto, las operaciones con el oro del BCRA permanecen bajo cuestionamiento y el debate se concentra en la transparencia de la administración de las reservas, el costo de las coberturas financieras y los controles sobre las decisiones que involucran activos estratégicos del Estado.
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