Desde una perspectiva de política pública, el caso plantea al menos tres problemas. Primero, el debilitamiento del principio de defensa del patrimonio estatal. Si una administración puede abandonar una causa que cuestiona la legalidad de la adquisición de tierras en zonas sensibles, se erosiona la previsibilidad jurídica, un factor clave para cualquier economía.
Segundo, el precedente en materia de extranjerización de recursos. Las restricciones legales en zonas de frontera existen justamente para evitar la concentración de activos estratégicos en manos extranjeras; flexibilizarlas de hecho, aunque no de derecho, altera ese equilibrio.
El tercer punto es quizás el más relevante: la señal al mercado. En teoría, el gobierno de Milei promueve reglas claras y un Estado mínimo que no interfiera arbitrariamente. Sin embargo, este tipo de acuerdos discrecionales envía el mensaje contrario: que la relación con el poder político puede ser más determinante que el cumplimiento de normas. En términos económicos, esto incrementa el riesgo institucional, un factor que impacta directamente en la inversión.
El acuerdo se firmó en plena feria judicial
El contexto en el que se firmó el acuerdo refuerza estas dudas. La homologación se realizó durante la feria judicial de enero, con el expediente bajo reserva y con objeciones previas de un fiscal que consideró improcedente avanzar en ese momento. La opacidad, lejos de ser un detalle administrativo, es un componente central en la evaluación de riesgo país: los mercados no solo observan qué decisiones se toman, sino cómo se toman.
Defensores del gobierno podrían argumentar que facilitar inversiones en infraestructura energética —como la interconexión de una central hidroeléctrica— tiene beneficios económicos de largo plazo. Sin embargo, incluso bajo esa lógica, el equilibrio costo-beneficio del acuerdo sigue siendo difuso. La inversión mencionada ya estaba comprometida por la empresa, lo que debilita el argumento de que el Estado obtuvo una ventaja tangible.
En definitiva, el caso Lago Escondido no es solo un conflicto legal o político. Es un síntoma de una tensión más profunda entre discurso y práctica en la política económica. En un país con historial de inseguridad jurídica, decisiones de este tipo no solo afectan un expediente puntual: redefinen las reglas del juego. Y en economía, las reglas —cuando se vuelven negociables— suelen tener un costo mucho más alto que cualquier acuerdo puntual.
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