El Gobierno de Córdoba dispuso un nuevo aumento para jubilados provinciales. Se agranda la tensión en la Caja desfinanciada.
CÓRDOBA. Las jubilaciones cordobesas tendrán una pequeña recomposición respectiva al 1 de junio de este mes según disposición del Gobierno provincial. El piso para jubilados provinciales que permanecen en la órbita de la Caja de Jubilaciones pasará a los 280 mil pesos.
El incremento en los haberes previsionales fue impulsado por el Ejecutivo provincial ante la inocultable erosión inflacionaria que los jubilados cordobeses han sufrido en las últimas semanas. En ese sentido, la administración de Martín Llaryora empujó una readecuación enmarcada en el Complemento Previsional Solidario.
Por otra parte, la Provincia confirmó el pago del medio aguinaldo para toda la repartición pública. El mismo será depositado tanto para activos como jubilados el próximo 20 de junio, en lo que representa una de las erogaciones más importantes del año para las finanzas provinciales.
Cabe recordar que Córdoba mantiene un reclamo activo e incluso judicializado contra Nación por la desfinanciación de su Caja de Jubilaciones. Según el Gobierno provincial, el Estado Nacional está obligado por ley a ayudar al equilibrio financiero del sistema previsional provincial, que no se centralizó al igual que en otras provincias.
Ese reclamo, originado en las gestiones de Cristina Kirchner presidente llega hasta la administración de Javier Milei.
Según Córdoba, el déficit que debería ser financiado por Nación alcanzaría los 14.000 millones de pesos mensuales en la actualidad. Giros que no son realizados en ningún monto desde diciembre del 2023, y que anteriormente eran parciales.
Si bien la gestión de Llaryora sostiene el reclamo activamente, en los últimos meses el volumen de la queja se apaciguó. Ello en coincidencia con el labor parlamentario por la Ley Bases, a la que casi todos los legisladores del oficialismo provincial apoyaron, a excepción de la diputada Natalia de la Sota.
Así, de momento, el Gobierno provincial parece postergar su emergencia previsional hasta en tanto se consiga tejer un diálogo fluído con el Gobierno nacional. Algo que en la práctica parece ir resolviendo tras destrabar gestos mínimos de los funcionarios libertarios.