Inquilinos en crisis: Casi el 30% vive en emergencia habitacional
La situación de los hogares que alquilan en Argentina continúa deteriorándose. La Encuesta Nacional Inquilina de junio de 2026, elaborada por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, revela que el 29,7% de los hogares inquilinos atraviesa una situación de emergencia habitacional.
Este indicador refleja la combinación de sobrecarga del alquiler sobre los ingresos, endeudamiento, mora en los pagos y riesgo de mudanzas forzosas.
El estudio, realizado sobre 808 hogares de 16 provincias, expone el creciente deterioro del poder adquisitivo frente al aumento sostenido del costo de acceder a una vivienda. Según el relevamiento, el alquiler mediano nacional alcanza los $656.500 mensuales.
Las diferencias regionales también muestran una fuerte presión sobre los presupuestos familiares: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la mediana se ubica en $700.000, mientras que en el resto del país asciende a $665.000, incluso por encima de los valores registrados en la provincia de Buenos Aires.
Uno de los indicadores más preocupantes del informe es el nivel de endeudamiento. El 72,9% de los hogares inquilinos mantiene deudas activas, el porcentaje más elevado desde que comenzó la serie estadística. El destino de esos pasivos refleja el deterioro del consumo básico: el 55% de los hogares contrajo deudas para comprar alimentos y el 37% debió financiar el pago del alquiler.
La presión financiera también impacta sobre la capacidad de cumplir con las obligaciones mensuales. El 38% de los hogares registra atrasos en el pago del alquiler, una proporción que asciende al 73% cuando el alquiler representa más del 70% de los ingresos familiares. De acuerdo con el informe, este escenario configura una dinámica de endeudamiento creciente que dificulta la recuperación financiera de los inquilinos.
El deterioro de los ingresos también se refleja en el mercado laboral. Actualmente, el 47% de los inquilinos tiene dos o más empleos, un fenómeno de pluriempleo que continúa expandiéndose como estrategia para sostener el pago de la vivienda. Pese a ello, el 68% de los encuestados cuenta con empleo registrado, lo que evidencia que la formalidad laboral ya no garantiza capacidad suficiente para afrontar el costo del alquiler.
La encuesta también advierte sobre las condiciones contractuales. El 78% de los contratos contempla actualizaciones cada tres o cuatro meses, una frecuencia que, según las organizaciones responsables del estudio, acelera la pérdida de capacidad de compra de los salarios y aumenta la incertidumbre financiera de los hogares.
El relevamiento también refleja un amplio consenso entre los inquilinos respecto de la necesidad de modificar las condiciones actuales del mercado. El 96% rechaza los mecanismos de actualización vinculados a la inflación y el 84% reclama contratos con una duración de entre tres y cinco años.
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