Mes complicado
El presente estado de conflicto tiene como antecedente inmediato el paro total de actividades llevado a cabo el pasado viernes 11 de julio por los trabajadores contratistas de la Rama 17 dentro de la planta Acindar. A partir de lo informado por la seccional liderada por Pablo González, la medida de fuerza se extendió durante 24 horas y culminó el sábado a las 8 de la mañana.
La falta de avances no es nueva. Desde hace semanas, la UOM viene denunciando la inasistencia de las contratistas a las audiencias de conciliación obligatoria convocadas por el Ministerio de Trabajo, lo que consideran "una muestra clara del desprecio por los canales institucionales de diálogo".
El gremio sostiene que las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados presentan serias irregularidades, con vulneración de derechos básicos, precarización y riesgos para la continuidad laboral.
Frente a este escenario, ya el pasado 4 de julio la comisión interna y el cuerpo de delegados habían resuelto, por unanimidad, avanzar con un paro por tiempo indeterminado, en repudio a lo que calificaron como "desidia patronal".
La crisis se profundiza
Al respecto, el integrante de la comisión interna de Acindar de la UOM de Villa Constitución, Silvio Acosta, dio un pantallazo de la huelga: "El reclamo tiene que ver con que las empresas contratistas, que son tercerizadas, no vienen cumpliendo con los pagos, las demandas e incluso con las condiciones de trabajo. Están intentando por todos los medios que lugares que trabajan con una cantidad de personas, lo hagan con menos gente, entonces se fue a una medida de fuerza".
"Todo esto se da dentro de un contexto general que es la caída de producción. Hace más de un año y medio que estamos produciendo la mitad de lo habitual. Estamos en 600.000 toneladas anuales, mientras que en un año normal hacíamos 1.200.000 toneladas. Esto se debe a la caída de la obra pública, de las ventas y a la importación, al ingreso de acero de afuera, chino o brasilero".
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Desde la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denuncian 500 despidos, precarización y la falta de homologación del acuerdo salarial nacional por parte del Gobierno.
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