La consecuencia de ese atraso tarifario impactará de lleno en la inversión que requiere el sistema, pues, el sitio especializado '', el punto 4 de la cláusula segunda de los convenios que firmó Enargas con las distribuidoras dice explícitamente que "durante el presente Acuerdo Transitorio de Renegociación no se contempla un plan de inversiones obligatorias a ejecutar por la licenciataria".
Esto significa que se autoriza formalmente a las empresas a suspender cualquier tipo de inversión. Por tanto, el aumento en la factura residencial es solo de 6%, pero todo lo que las empresas cobren terminará yendo a pagar salarios y el gas a las productoras, dejando la inversión en obras y tecnología para otro momento.
Los acuerdos con las distribuidoras de gas, firmados el 21 de mayo por el ministro de Economía Martín Guzmán y el interventor de Enargas Federico Bernal, fueron publicados este lunes (31/05) en los anexos de un suplemento del 'Boletín Oficial', y por eso pasaron casi inadvertidos.
Según el mencionado sitio, las licenciatarias se comprometieron allí a seguir prestando el servicio en las condiciones de calidad y seguridad que surgen de su licencia mientras dure el régimen tarifario de transición, pero a cambio exigieron que se explicite que ya no están obligadas a cumplir con su plan de inversión.
Las distribuidoras son Metrogas, Naturgy BAN, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gasnor, Distribuidora Gas Cuyana, Distribuidora Gas del Centro, Litoral Gas y Gasnea.
Esas nueve empresas también se comprometieron a suspender sus reclamos, recursos, acciones o demandas, pero solo dure el régimen de transición, mientras que las transportistas TGS y TGN ni siquiera eso ya que se negaron a firman un acuerdo. Esa situación deja abierta la posibilidad de que vuelvan a acumularse reclamos cruzados similares a los que se registraron durante el congelamiento tarifario vigente entre 2002 y 2015, los cuales con el paso del tiempo se vuelven cada vez más difíciles de resolver.
Según el DNU 1020/20, firmado por el presidente Alberto Fernández en diciembre, el gobierno tiene un plazo de dos años, vigente de diciembre de 2020, para alcanzar un acuerdo tarifario definitivo. Y el sitio mencionado afirma que, según fuentes privadas, el interventor del Enargas ya empezó a solicitar documentación para avanzar en una RTI 2022-2027.
Si bien Bernal declaró esta semana que el servicio se va a seguir prestando en condiciones de confiabilidad y seguridad, los acuerdos muestran que habrá un impacto en las inversiones necesarias para seguir garantizando esa confiabilidad y seguridad en el futuro.
