Por otro lado, el proyecto prevé que las tarifas y precios de servicios públicos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) no podrán aumentar en mayor medida que el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) acumulado desde la fecha de la última modificación o revisión tarifaria.
Además se supo que el proyecto busca la creación de un “Régimen de Equidad Tarifaria Federal”, cuyo objetivo principal es evitar “desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan”.
A comienzos de este año, desde el ministerio de Economía aseguraron que su intención era que las subas de tarifas se enmarquen dentro de lo establecido en Ley de Presupuesto, donde se prevé que el porcentaje de subsidios a las tarifas sobre el PBI se mantenga en constante en comparación con 2020. De esa forma, las tarifas de electricidad y de gas, congeladas desde hace dos años, tendrían un tope de aumento en la inflación acumulada en el año.
El portal de noticias Infobae recuerda que, hace una semana, el interventor del Enargas, Federico Bernal, anticipó que los servicios públicos de transporte y distribución de gas por redes tendrán un aumento en factura para 2021 del orden del 6% para residenciales y menor del 4% para pymes. La noticia fue comunicada luego de la audiencias públicas y en medio de un debate dentro del propio Gobierno.
Los puntos salientes del texto elaborado por Gioja detallan
1 Las tarifas y costos por servicios e insumos a abonar por los usuarios deberán contemplar el impacto de las condiciones climáticas de cada región o provincia, su nivel de desarrollo económico, la situación socioeconómica de sus habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a alguno de los servicios.
2 Es un deber del Estado Nacional fijar tarifas para promover el desarrollo y la mejor calidad de vida de las zonas más postergadas del país.
3 No se podrán fijar tarifas de costos más altos para usuarios residenciales que habiten en zonas con indicadores de necesidades básicas insatisfechas mayores en relación con otras de mejor calidad de vida.
4 Deberán adoptarse medidas tendientes a la eficiencia energética, el ahorro, la preservación ambiental y el consumo responsable, generando incentivos que eviten el derroche.
5 La iniciativa también dispone el dictado de la “emergencia energética” hasta el 31 de diciembre de 2022, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos y licencias de prestación de los servicios públicos.
Por último, contempla la instauración de un “plan de sustentabilidad de los regímenes de servicios de gas y electricidad”, que consistirá en una remisión directa de recursos para atender diferencias entre cargos de generación o transporte con servicios de distribución, y en la posibilidad de pagar diferencias a generadores y transportistas mediante títulos públicos.
