La petición, publicada en la plataforma 'Change.org', explica que en el proyecto final "se contempla a aquellos que están conectados a la red de gas natural como a quienes utilizan garrafas". El aval puede ser rubricado de manera online a través del enlace: http://chng.it/C78kHnjTbw. Hasta hoy, ya se habían anotado casi 25.000 personas.
El proyecto de ley prevé la inclusión de 54 distritos de la Provincia de Buenos Aires. Entre ellos aparecen localidades con grandes conglomerados urbanos como General Pueyrredón y Bahía Blanca, ciudades del centro bonaerense como Olavarría y Tandil, y asentamientos rurales como Azul y Tres Arroyos.
Según publicó el sitio 'Infocielo', el excandidato a Intendente y referente del oficialismo en Bahía Blanca, Federico Susbielles, exhortó a los vecinos a firmar la iniciativa y expresó su intención de "que los hogares de Bahía paguen más barato el servicio de gas".
También manifestaron su apoyo y convocaron a la ciudadanía a suscribir la petición la diputada nacional olavarriense Liliana Schwindt, los legisladores provinciales por la Sexta y Séptima sección Gabriel Godoy y Cesar Valicenti, respectivamente, y la edil marplatense Marina Santoro, entre otros.
La iniciativa legislativa fue presentada el 13 de marzo en el Congreso por Máximo Kirchner, presidente de bloque del FdT, y tiene el aval inicial de Sergio Massa, titular de la Cámara Baja, y de las bancadas Consenso Federal y Unidad y Equidad Federal.
A la par, sin embargo, técnicos de Cambiemos cuestionaron la ampliación del subsidio patagónico y llaman a rechazar el proyecto oficial.
Lo hicieron a través de un informe que será utilizado por la oposición en el debate parlamentario, en el cual afirman que el régimen de subsidios a los consumos de gas en la Patagonia es ineficiente, implica un mayor costo fiscal, le genera a las distribuidoras un crédito fiscal irrecuperable y va en contra de los compromisos asumidos por Argentina tendientes a reducir los subsidios a los combustibles fósiles.
" Es una fórmula para fomentar el conflicto entre los ciudadanos, donde cada uno reclama un beneficio para sí que deben pagar el resto de los habitantes del país, incluso los más vulnerables", señala el texto del equipo de Energía de la Fundación Pensar, el think tank vinculado al macrismo.
El documento, al que tuvo acceso el sitio especializado 'EconoJournal' desmiente además que el proyecto no implique un mayor costo fiscal: "El Estado Nacional debe financiar entre 30 y 60% de los costos del sector. En este contexto es ilusorio decir que el subsidio se autofinancia porque existe un cargo a la demanda para financiarlo. Todo aumento de tarifas que no se dirige a reducir el costo fiscal del sistema energético está siendo financiado por el gasto público", se remarca en el informe.
El documento de la Fundación Pensar remarca que "los subsidios generalizados en las tarifas de gas natural benefician mayoritariamente a los sectores de mayores ingresos" y sostienen que esa afirmación ha sido ratificada incluso por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
"Por su impacto en el costo de la generación de energía eléctrica, todos los usuarios de energía eléctrica del país, aún aquellos en zonas de altas necesidades básicas insatisfechas en Formosa, pagan parte del costo de gas natural de los empleados en Tierra del Fuego, que tienen salarios entre los más altos del país", subraya el informe.
A su vez, se remarca que, al superponerse a otros subsidios, el esquema profundiza la discriminación entre usuarios vulnerables a lo largo del país: " Un usuario de tarifa social en la Provincia de Santa Fe parecería ser menos vulnerable que uno en la Provincia de La Pampa, o menos merecedor de la protección del Estado Nacional".
También cuestiona, como se mencionó más arriba, el argumento oficial que sostiene que el proyecto no implicará un mayor costo fiscal. "No es necesario repetir que el dinero es fungible y los ingresos fiscales son fungibles. El incremento en la recaudación del fondo fiduciario es utilizado para incrementar el gasto público en un subsidio ineficiente que beneficia a los sectores de mayores ingresos", se remarca.
Por otra parte, afirma que el esquema actual tiene severos problemas estructurales generando a las distribuidoras de gas natural un crédito fiscal irrecuperable que deriva en la imposibilidad de financiarlo.
Recuerda también que la Argentina asumió compromisos internacionales respecto del combate al cambio climático, entre los cuales figura la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles que generan demanda ineficiente. "No hay más que ver los resultados del consumo de energía durante el período 2007-2015 para ver el incremento del consumo por usuario de energía en respuesta a los enormes subsidios que entregó el Estado Nacional. Se eliminó cualquier incentivo a la eficiencia energética de los hogares, por el contrario incentivándose los consumos adicionales por parte de los sectores de altos ingresos que reciben la mayor parte de estos subsidios", afirma el think tank macrista, según el mencionado sitio.
"Profundizar los subsidios generalizados es una barrera al desarrollo de las inversiones necesarias para reducir las emisiones de CO2 asociadas el consumo de combustibles fósiles. Cuando el resto del mundo considera la inclusión del costo social de las emisiones de CO2 en los precios de la energía, la Argentina camina en el sentido contrario", se agrega en el documento.
Por último, afirman que el gobierno podría avanzar con la segmentación de tarifas a partir del esquema de Tarifa Social Federal implementado por el gobierno de Macri. "La razón de no avanzar en esta dirección es ideológica: significaría validar un instrumento creado por la oposición", remarca el informe. "El gobierno actual parece querer volver a los instrumentos distorsivos que llevaron a la crisis del sector en términos de subsidios, de reducción de la oferta y de falta de inversiones", concluyen.