Pasajes gratis para Discapacidad: Empresas de transporte recuerdan fallos contra el Gobierno
Hoy el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, derogó el fondo de compensaciones económicas destinado a las empresas de transporte automotor de pasajeros que cubren el costo de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. Según aclaró el Gobierno, el derecho a la gratuidad para esos grupos continuará vigente y deberá ser garantizado por las compañías.
Desde la Cámara de Empresas de Larga Distancia (Celadi) explicaron en un comunicado: “Una vez más, nos vemos obligados a aclarar que bajo ningún concepto cuestionamos el derecho al transporte gratuito de las personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncopediátricos. Lo que sí señalamos es la inconsistencia de, por un lado, desregular un sector –medida que este sector no cuestiona– eliminando su carácter de servicio público y, al mismo tiempo, pretender que las empresas absorban indefinidamente –sin compensación alguna– las cargas propias de ese régimen ”.
Desde la Celadi se informó que "hace décadas, las empresas de colectivos de larga distancia entregan pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos. Esa práctica estuvo históricamente enmarcada en un esquema en el que el Estado reconocía a las empresas de transporte regular una compensación económica parcial al ser consideradas prestadoras de servicio público, cargando a estas (empresas) con obligaciones que el resto de compañías no. En diciembre de 2024, el Gobierno decidió desregular el sector a través del Decreto 883/24. Con esa medida, el transporte de larga distancia dejó de ser considerado servicio público perdiendo muchos de sus diferenciales, derechos pero también obligaciones”.
“Mientras la autoridad nacional dejó de pagar las compensaciones, intimó a las compañías de colectivos de larga distancia a continuar entregando estos boletos gratuitos, un número que al año supera los 1,5 millones de pasajes de larga distancia”, dice el comunicado que lleva la firma de su presidente, Daniel Russo.
Ante el reclamo de las empresas de larga distancia, fue el Estado –a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte– quien acudió a la Justicia para forzarlas a seguir entregando los boletos gratuitos. “En dos instancias consecutivas –primero el Juzgado Federal en noviembre de 2024, y luego la Cámara de Apelaciones en julio de 2025– los tribunales resolvieron que, si bien las empresas debían continuar entregando los pasajes, el Estado debía continuar pagando las compensaciones, perdiendo en ambas instancias la posibilidad de imponer esa carga sin costo", afirmó el comunicado de Celadi.
Pero, destacan, “a pesar de las sentencias, el Estado aún no regularizó los pagos. El último pago que realizó correspondió a noviembre de 2024. Desde entonces, los meses adeudados se fueron acumulando mientras las empresas siguieron entregando los pasajes gratuitos por orden judicial. Ante esta situación, el 18 de mayo de 2026, el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional, aprobó una primera liquidación de la deuda de $8.753.962.143 por el período noviembre 2024-abril 2025, e intimó al Ministerio de Economía a pagar en diez días bajo apercibimiento de multas judiciales. Esa cifra, sin embargo, es solo una parte de lo adeudado: el total acumulado desde que el Estado dejó de pagar supera los $27.000 millones de pesos”, según sostuvo la Celadi.
Los períodos posteriores a abril de 2025 están siendo relevados en la misma causa. “En el día de hoy, el Gobierno publicó la Resolución 28/2026 eliminando el régimen de compensaciones. El texto oficial sostiene que los derechos de los pasajeros con discapacidad permanecen vigentes y que las empresas seguirán obligadas a entregar los pasajes. Eso es exactamente lo que está en debate judicial: si esa obligación puede recaer íntegramente sobre empresas privadas en un mercado desregulado, sin compensación alguna del Estado. Es una cuestión que aún la Justicia no resolvió en su sentencia de fondo. Lamentablemente, lo que la resolución no menciona y nos vemos obligados a aclarar es el contexto en el que fue dictada: dos fallos en contra, una deuda de más de $27.000 millones y un mandato judicial de cumplimiento”, describe el comunicado de la cámara.
