De un lado de la mesa estuvieron el ministro Martín Guzmán y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, junto con los funcionarios que viajaron como parte de la comitiva, entre ellos el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, y la titular de la Unidad de Asuntos Internacionales, Maia Colondenco. Del otro, Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental y Luis Cubeddu, jefe de la misión Argentina.
El espíritu de este tipo de reuniones es la de ajustar la partitura del acuerdo financiero y el diseño del programa económico de los próximos años, que incluye detalles técnicos por fuera de los grandes lineamientos, como el sendero de reducción del déficit fiscal, la inflación o la meta de acumulación de reservas.
Una de las cuestiones que se discutió con el staff del Fondo Monetario fue la necesidad de desarrollar el mercado financiero local para que el Tesoro tenga un financiamiento más profuso por parte de los inversores locales. Parte de ese plan está en implementación: la secretaría de Finanzas aún conversa en una mesa con fondos de inversión la puesta en marcha de un programa de creadores de mercado que ensanche en unos 6 billones de pesos el fondeo al Estado nacional, provincias y empresas.
Para eso se necesita la generación de una serie de instrumentos financieros que, por el reducido tamaño del mercado de capitales local -y episodios como el reperfilamiento de la deuda en pesos en 2019- es difícil de llevar a cabo. La cuestión del horizonte de financiamiento formó parte de los cuatro ejes de negociación que trazaron el Gobierno y el FMI a fines de marzo.
“Las autoridades argentinas y equipo del Fondo también coincidieron en que el desarrollo continuo del mercado de capitales nacional sería fundamental para que Argentina financie de manera sostenible las inversiones necesarias y fortalezca su resiliencia macroeconómica”, fue la declaración en ese entonces.
Una de las cuestiones que se discutió en el último cara a cara que habían tenido Guzmán y sus funcionarios con el staff del Fondo Monetario fue la necesidad de desarrollar el mercado financiero local para que el Tesoro tenga un financiamiento más profuso por parte de los inversores locales.
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Martín Guzmán cara a cara con el FMI
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Los otros puntos fueron: garantizar la sostenibilidad macroeconómica y “salvaguardar la recuperación post-COVID en curso”; que la inflación es un fenómeno multicausal y que “reducirla requiere políticas macroeconómicas consistentes y esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas de inflación” y la necesidad de impulsar las exportaciones para reforzar las reservas internacionales.
Las conversaciones con el FMI corren, hoy por dos senderos diferentes, acota la publicación electrónica Por un lado, la negociación de un nuevo acuerdo financiero que reemplace al Stand By firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri y que reestructure la devolución de los US$45.000 millones que el Fondo envió al país.
Por otro, la discusión global -en la que Argentina busca tener cierto protagonismo- sobre cómo repartir los US$ 650.000 millones con los que el FMI recapitalizará a sus países miembro como iniciativa para afrontar el impacto del Covid a nivel mundial.
Parte de la agenda del G20 tuvo que ver con esa cuestión. La postura de Guzmán y de ministros de otros países es que debería implementarse un mecanismo para que los derechos especiales de giro (DEG, la moneda del Fondo Monetario) que se repartan entre los países ricos, tengan algún esquema de redistribución entre economías pobres o, en el mejor de los casos para la Argentina, también de ingreso medio.
La diferencia no es sutil. La propia directora del organismo financiero Kristalina Georgieva mencionó en una declaración reciente en el G20 que “para magnificar el impacto de la asignación, avanzaremos rápidamente para explorar opciones para que los miembros económicamente más fuertes usen voluntariamente sus DEG para ayudar a los países pobres y vulnerables”.
Y la declaración de los países del G20 también apuntó hacia esa dirección. “Para magnificar significativamente el impacto de la asignación, pedimos al FMI que presente rápidamente opciones viables para que los países canalicen voluntariamente una parte de sus DEG asignados para ayudar a los países vulnerables”, firmaron los ministros y banqueros centrales.
Pero la posición de Guzmán y de ministros de otros países es que debería implementarse un mecanismo para que los derechos especiales de giro que se repartan entre los países ricos tengan algún esquema de redistribución entre economías pobres o, en el mejor de los casos para la Argentina, también de ingreso medio.
“El comunicado final del G20 contiene palabras negociadas por Argentina, que se necesita un sistema tributario más estable y más justo y dejó la puerta abierta a nuevas negociaciones de acá a octubre”, mencionaron en la delegación.