Ante la emergencia sanitaria, consideró, el Gobierno tiene dos opciones: "aplicar una política de transferencia de ingresos de carácter universal o asignar los recursos únicamente a quienes cumplen con ciertos criterios". Como es sabido, el oficialismo optó por el segundo camino.
En esa línea, la diputada aseguró que el hecho de que varios grupos económicos que han solicitado ayuda estatal para pagar sueldos "han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales" o tienen "sede en guaridas fiscales" vuelve necesario que el Gobierno revise los criterios utilizados hasta el momento para otorgar fondos de ayuda.
Según explicó, resulta "injusto" que empresas que cuentan con recursos propios y tienen "probada capacidad" para afrontar los salarios de sus empleados soliciten ayuda estatal.
Esos recursos, que no "alcanzan para todos", deberían ser destinados prioritariamente a las jubilaciones, a ampliar la cobertura o el monto del IFE o a la asistencia a las empresas en verdaderas dificultades.
Por eso, Vallejos propuso un criterio básico de exclusión que sería negarle la ayuda a todas las empresas "que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino". Incluso, adelantó que presentará un proyecto de ley para complementar los criterios ya establecidos.
Finalmente, agregó que si el Estado decide subsidiar a los grandes grupos "sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías".
