Ya en octubre, el Poder Ejecutivo ya había enviado al Congreso un paquete de proyectos de ley para impulsar la actividad de la construcción compuesto por beneficios tributarios, un blanqueo de capitales para desarrollos inmobiliarios y la creación de una Sociedad Hipotecaria que fomente nuevos préstamos para la vivienda, que no pasó por el parlamento.
En ese momento, se explicó que los nuevos créditos -presentados por el Ministerio de Economía- iban a estar disponibles, se preveía, para la construcción de primera o segunda vivienda sobre terreno propio o terreno a adquirir. El monto para construcción sería de hasta el 100% del presupuesto de obra. Mientras que el monto para compra de terreno será hasta el 80% de la tasación o precio de venta del terreno, únicamente para la construcción de primera vivienda.
También estarían incluidos los cambios de primera o segunda vivienda por una a estrenar (primera escritura). En ese caso, el monto para la compra contemplaría hasta el 80% de la tasación o precio de venta de la vivienda. En tanto, el monto para cambio sería de hasta el 100% de la diferencia entre el valor de la vivienda que se adquiere y el valor del inmueble que se reemplaza.
Por otra parte, se esperaba que también contemplen la refacción, ampliación o terminación de primera o segunda vivienda. El monto del préstamo en este caso contemplaría hasta el 100% del presupuesto de obra. Por último, estaba previsto que también fuera incluida la adquisición o cambio de vivienda única de ocupación permanente. Monto para adquisición: hasta el 80% de la tasación o precio de venta de la vivienda.
De acuerdo a las palabras del ministro Ferraresi, el anuncio que hará Alberto Fernández en las próximas semanas estaría centrado en aquellas personas que busquen construir en un terreno que ya sea de su propiedad, en lugar de la adquisición directa de un inmueble.
El cambio central de los créditos que presentará el Gobierno con respecto a los UVA está relacionado al sistema de actualización de las cuotas. Tras la experiencia de la indexación por inflación, la iniciativa propondría ahora un ajuste que siga al nivel de variación de los salarios registrados.
Para cubrir ese desfasaje entre la actualización UVA (que es la preferencia de los bancos acreedores) y del nuevo sistema por salarios es que el Gobierno además había anunciado la creación de una Sociedad Hipotecaria que administre un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción (FFCP).
De acuerdo al anuncio de ese momento, el Fondo Fiduciario sería solventado por una porción de la cuota del crédito hipotecario, aportes de las entidades, la misma rentabilidad que obtenga el fondo y un aporte inicial del Tesoro Nacional.
El objetivo del fondo sería intercambiar flujos ajustados en base al coeficiente de variación salarial (CVS), que se ajustan más a las preferencias de deudores, con otros ajustados en base a los índices de precios y construcción (CER/ICC), preferidos por bancos e inversores.
La integración del fondo se haría a través de un aporte activo de los bancos que participen del mercado de crédito hipotecario, con entre 1% y 5% del valor residual de cada crédito hipotecario cubierto; un aporte trimestral de los bancos que participen de hasta un máximo del 1,25% de la rentabilidad de los pasivos remunerados del BCRA del trimestre; y una prima contenida en la cuota que deberá pagar el deudor hipotecario.
El cambio central de los créditos que presentará el Gobierno con respecto a los UVA está relacionado al sistema de actualización de las cuotas. Tras la experiencia de la indexación por inflación, la iniciativa propondría ahora un ajuste que siga al nivel de variación de los salarios registrados.
Ferraresi denunció que durante el Gobierno de Mauricio Macri se dejaron de construir viviendas y se paralizaron las que estaban en construcción. "Es perverso que el macrismo haya dejado sin construir 55 mil viviendas", dijo el funcionario. Según cálculos oficiales, en la actualidad hay un déficit habitacional que ronda las 2 millones de viviendas.
Agregó que "en la reconstrucción de la Argentina" el derecho a la vivienda debe ser una política de Estado. "Trabajamos en beneficio de la igualdad y el ascenso social para que cada argentino tenga su propia vivienda", remarcó Ferraresi y dijo que el Gobierno nacional espera construir 260.000 casas en los próximos tres años.
El anuncio se hará en medio del vencimiento del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos
"Estamos realmente preocupados por la situación de cientos de miles de familias que no saben dónde van a ir a vivir ni cómo en 15 días. No se pueden tomar decisiones tan irresponsables", alertó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional e integrante de Inquilinos Agrupados.
En una carta que enviaron a Ferraresi una docena de organizaciones de inquilinos, preguntaron al ministro si al finalizar el decreto se tomó en conocimiento de la situación sanitaria y habitacional, y de sus posibles consecuencias y si tiene registro o información sobre la cantidad total de procesos de desalojo de vivienda en trámite y la cantidad de sentencias de desalojo de vivienda pasibles de ser ejecutadas a partir del 1º de abril. "En caso positivo, informe total de procesos en trámite y de sentencias dictadas ante la justicia nacional y provincial", reclamaron a través de la misiva.
También enviaron una carta a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la que le preguntan si fue consultada sobre la terminación de la suspensión de los desalojos de vivienda y si evaluó el impacto que los desalojos de vivienda producirán en términos sanitarios y epidemiológicos.
"¿Evaluó el impacto que las nuevas situaciones de hacinamiento de vivienda por los desalojos a ejecutarse a partir del 1/4/21 producirán en términos sanitarios y epidemiológicos; emitió opinión/ recomendación sobre los desalojos de vivienda y/o hacinamientos en contexto de pandemia; tiene diseñado/planificado un plan de contención y mitigación específico para evitar/contrarrestar la propagación del Covid-19 a partir de desalojos masivos de vivienda?", le preguntan las organizaciones a la ministra.
Muñoz aseguró que desde que Ferraresi declaró que no se extendía el decreto se ve cómo se llevan adelante desalojos violentos a familias que tienen deuda de alquiler por haber perdido el trabajo en plena pandemia.
"Hay que llevar adelante un plan de desendeudamiento antes de finalizar el decreto para que las familias inquilinas puedan saldar sus deudas y no quedar en la calle, y los propietarios que no cobran el alquiler, puedan hacerlo. Se tiene que extender y el ministro lo tiene que anunciar de manera urgente", reclamó el titular de la Federación de Inquilinos Nacional.
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat argumentó que no se renovará el decreto 66/2021, dado que en su lugar "se trabajará con las herramientas que generó la nueva ley de alquileres".
Por eso, ante la proximidad del vencimiento, la agrupación opinó que no se entiende que en un panorama de llegada de segunda ola de contagios y con la "situación gravísima" que se vive en las región decidan levantar el decreto que suspende desalojos. "No se entiende y es irresponsable", apuntó inquilinos agrupados en un comunicado difundido en redes sociales.
El pedido de informes que enviaron las organizaciones al ministro Ferraresi lleva la firma de Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal CELS.
Pregunta sobre la cantidad de personas que dependen del alquiler para acceder a la vivienda en la Argentina; el registro o información sobre la cantidad total de procesos de desalojo de vivienda en trámite y la cantidad de sentencias de desalojo de vivienda pasibles de ser ejecutadas a partir del 1º de abril y un informe total de procesos en trámite y de sentencias dictadas ante la justicia nacional y provincial.
También un registro o información sobre la cantidad de personas con sentencias de desalojo dictadas en su contra; que identifique de ese total qué cantidad es población vulnerable, particularmente desempleados, madres solteras, adultos mayores y/o personas con capacidades especiales.
Además, entre otras dudas pregunta si solicitó opinión o recomendación al Ministerio de Salud sobre el impacto que los desalojos de vivienda podrían tener en términos sanitarios y epidemiológicos y en caso de ser positivo, cuál fue la respuesta recibida.
