¿Por qué renacen éstas sobre el complejo agroindustrial en momentos a los que al Gobierno le urgen los dólares?
Cabe recordar que de allí proviene el 60% de las divisas que ingresan.
Si no hay una liquidación y venta de granos dentro de la legalidad, si se sobrefactura o factura por debajo del precio de mercado, o se contrabandea o se instalan otras formas de venta ilegal, se fuerza una devaluación que termina impactando en los precios de productos básicos, argumentan. Por supuesto que, menos tributos e ingresos, significan menos fondos.
Pero desde las cámaras se plantan y remarcan que, desde siempre, han reclamado por el rol del Estado en la fiscalización, dado que ello promueve la competencia transparente frente a un contrabando que perjudica seriamente a la agroindustria.
Son las compañías, en efecto, las principales interesadas en evitar toda clase de infracciones en las terminales portuarias porque corren el riesgo de que los puertos argentinos rebajen su categoría en términos de seguridad, y con ello, además, se eleven las primas de riesgo y y la Argentina pueda perder, consecuentemente, competitividad internacional y así mercados internacionales, al encarecer los productos locales de exportación.
Cualquier falta a la seguridad, como lo es el contrabando, afectaría la reputación internacional, y cerraría el mercado para tanto para las empresas señaladas como las de otras, haciendo que la Argentina pierda participación en el mercado mundial de alimentos.
Bajo estos argumentos, para las agroexportadoras resulta imprescindible que el Estado Nacional mantenga los controles en todos los puertos y rutas terrestres, erradicando el contrabando que perjudica tanto a las empresas como al país.
