> Thomas P. Griesa, juez de distrito en Manhattan, Nueva York, afirma que la Argentina podría incurrir en desacato respecto de un fallo, ratificado en Cámara, que se refiere al pago a acreedores de deuda soberana.
Entonces, ¿con cuáles argumentos podría apelar Cristina Fernández de Kirchner a Barack Obama?
Peor aún: ¿no provocaría una apelación de Presidenta a Presidente la sospecha de que no hay independencia de poderes en USA?
Algo más: la relación de la embajadora argentina Cecilia Nahón, con la Administración Cristina, no es fluida, por explicarlo de alguna manera.
"Cristina de Kirchner buscará la semana próxima apoyo político internacional de máximo nivel para el juicio que el país mantiene en los tribunales norteamericanos contra los fondos buitre. Será cuando la Presidente participe de la cumbre del G-20, que tendrá a Rusia como país anfitrión, y que se concretará entre el 5 y el 6 de septiembre en San Petersburgo. Los negociadores argentinos ya tomaron contacto con el Gobierno ruso de Vladimir Putin para que el tema esté en la agenda, que obviamente tendrá otros capítulos más importantes: la situación de Siria y la interminable crisis económica y financiera de Europa. Sin embargo, el Gobierno argentino cree que el hecho de tener tantos temas importantes en agenda hará que la cuestión contra los fondos buitre pueda colarse con más facilidad y resolverse a favor de la Argentina rápido para luego tratar las otras cuestiones.
Del G-20 participan también Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Canadá, Japón, Arabia Saudita, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea como bloque.
La intención de máxima desde Buenos Aires es que pueda haber algún tipo de reunión privada entre Cristina de Kirchner y Barack Obama donde el tema pueda ser conversado. La clave del encuentro es analizar qué grado de apoyo puede dar el Gobierno norteamericano ante la Corte Suprema de Justicia para que este tribunal decida positivamente tomar el caso argentino contra los fondos buitre. Según la información que llega desde la embajada argentina en Washington, que maneja Cecilia Nahón, una gestión personal o institucional del presidente de los Estados Unidos sería clave para que la Corte considere políticamente importante acceder a que este caso sea uno de los 40 o 50 que anualmente define el tribunal. Para esto Obama tendría que mostrarse preocupado por las consecuencias de un fallo desfavorable, no ya sobre la Argentina, sino sobre el sistema financiero internacional en momentos en que Grecia, Chipre, Portugal e Irlanda están en pleno proceso de reestructuración de sus deudas, situación que podría extenderse a Italia, España y Turquía.
Para la estrategia argentina, que se completa con la reapertura del canje para mostrar buena voluntad, es fundamental que la Corte acepte el caso para luego tener más de un largo año para ganar tiempo y reorganizar la forma de avanzar en la última instancia del juicio.
Sería fundamental además que mientras se defina el fallo se sostenga el "stay" por el cual queda suspendida cualquier alternativa de avanzar sobre los pagos de la deuda argentina emitida bajo jurisdicción de Nueva York."
El ministro Lorenzino, y el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, ya han ratificado el punto de vista de la Administración Cristina: el proyecto de ley que propone una nueva reapertura del canje de deuda es una muestra de que “Argentina no eludirá sus compromisos de pago con sus acreedores”, y que algunos acreedores “no tienen deseo genuino de cobrar, sino que lo que quieren es tener ganancias cuantiosas a costa de todos los argentinos”.
También que “el fallo de la Cámara de Nueva York pretende traer incertidumbre sobre la voluntad y la capacidad de pago de la Argentina”, y que el 12/09, la Argentina “va a hacer frente al pago final de Bonar 7”, por un monto de US$ 2.070 millones.
Además, se afirma que la reapertura del canje de deuda que votará el Congreso la semana próxima llevaría a regularizar cerca del 95% de los compromisos caídos en default en 2001, ya que ingresarían títulos entre US$ 1.500 millones y US$ 2.000 millones: la oferta (del canje) vale US$ 51 (por cada lámina de US$ 100 impaga) y los bonos en default se consiguen a US$ 27.
La cifra representa hasta un 30% de la deuda que permanece impaga, sin contar los intereses vencidos, elevando el nivel de aceptación entre 1,5% y 3% (aunque es cierto, tal como Hernán Lacunza, economista director de la consultora Empiria y ex gerente general del Banco Central, le dijo al diario El Cronista Comercial, que los llamados 'fondos buitres' más radicalizados no tienen ningún incentivo a entrar, porque están mucho más cerca de cobrar su aspiración máxima: son unos US$ 8.000 millones, o sea US$ 4.700 millones + intereses).
