Los voceros de ambos grupos indicaron que no habrá cuestionamientos administrativos, ni judiciales y que dan por válido el "orden de mérito" de las ofertas que dio a conocer la semana pasada la comisión evaluadora que depende del ministro de Planificación, Julio De Vido.
En el caso del grupo Pescarmona-Odebrecht-Alstom, cuya oferta fue desestimada por no contar con el financiamiento firme que exigía el pliego, tampoco se espera una impugnación. Desde el Gobierno advirtieron que si llega a presentar algún planteo, el mismo será rechazado de plano porque el grupo ya fue desafectado de la licitación.
De esta manera, a partir del lunes la administración kirchnerista ya estaría en condiciones de "adjudicar" en forma oficial la megaobra de las represas patagónicas al grupo G-E, cuya oferta alcanzó un costo total de $22.925 millones y un Valor Presente Neto (VPN) negativo de $280 millones.
En segundo quedó Helport- Panedile, con un precio de $ 27.202 millones y un VPN negativo de $ 1.351 millones. Y último, el grupo Sinohydro-Austral (del empresario K. Lázaro Báez) con una oferta de $26.982 millones y un VPN negativo de $6.221 millones.
Inicialmente, los consorcios perdedores habían centralizado sus cuestionamientos en dos clave de la oferta de G-E. Uno de ellos fue la "carta de descuento" del 17,4% que presentó a último momento y que le permitió tener el precio más bajo. Y el otro, la condición de que el Estado abone parte de la obra en una cuenta en el exterior.
En defensa de su oferta, el grupo G-E salió a puntualizar que "el descuento ofrecido constituye una práctica habitual en este tipo de licitación y no viola el pliego, ni el principio de igualdad entre los oferentes".
Con respecto a los pagos fuera del país, el consorcio destacó que esa operatoria está prevista en el pliego y corresponde "a los pagos de bienes y equipos que los bancos harán a los proveedores chinos que cuentan con financiamiento de promoción de sus exportaciones".
