La tarjeta se financiará con fondos aportados por un fideicomiso integrado por las empresas de seguros, que están obligadas a reinvertir sus capitales en "actividades productivas".
El interesado deberá concurrir a los supermercados que la ofrezcan con su DNI, un servicio a su nombre y recibos de sueldos que comprueben sus ingresos.
Se ofrecerá un crédito de $3.000 y tendrá un costo de financiamiento del 1% (inferior al 3% de las tarjetas tradicionales). Este último implica un ahorro de $720 millones para el sector de retail, que permite mantener el acuerdo de precios, según el Gobierno.
Además, permitirá realizar compras en más de un pago con una tasa de interés promedio del 22%.
Está previsto que adhieran los supermercados de comunidad, los chinos, los regionales y cadenas de electrodomésticos. Los que ya poseen una tarjeta propia podrán seguir usándola.
La Supercard no será excluyente, es decir, los supermercados seguirían operando con los plásticos tradicionales (Visa, Mastercard, American Express, etc.).
