Se trata de "una decisión de neto corte proteccionista que carece de justificación técnica", y que se debe a "la incapacidad de los productores europeos para competir con productores más eficientes", sostuvo el ministerio de Relaciones Exteriores.
"La Comisión decidió hoy defender a la industria europea del biodiésel contra las prácticas comerciales injustas que realizan empresas exportadoras de Argentina e Indonesia", indicó en un comunicado la Comisión Europea.
La información señala que la UE decidió la aplicación de estas medidas tras concluir, luego de una investigación, que "tanto Argentina como Indonesia venden este combustible al bloque a precios bajos en forma desleal, por debajo del precio de costo, con el objetivo de copar el mercado".
El argumento de la Comisión Europea para aplicar los aranceles es "defender la industria europea del biodiésel contra las prácticas comerciales injustas que realizan empresas exportadoras de Argentina e Indonesia", indicó en un comunicado.
La Argentina es el principal exportador mundial de biodiésel y junto con Indonesia, representa el 90% de las importaciones a la UE.
Ante esta decisión, el pasado 15 de mayo el gobierno argentino radicó una denuncia en la Organización Mundial de Comercio (OMC), planteando que esas trabas "dificultan un clima de diálogo constructivo" en el contexto de las negociaciones comerciales bilaterales y regionales (ver nota relacionada).
El diferendo del biodiesel data de abril de 2012, cuando Madrid suspendió las importaciones de este carburante después de que Buenos Aires expropiara el 51 % de las acciones del español Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de la Argentina.
El 20 de agosto de 2012, Argentina solicitó consultas con los Veintisiete y España sobre las medidas adoptadas por el país Ibérico a la importación de biodiesel, y el 6 de diciembre de 2012 solicitó la constitución de un panel. En ese entonces, la Comisión Europea había considerado "totalmente injustificada y sin fundamento" la demanda de nuestro país.
Sin embargo, a finales de diciembre, la Argentina suspendió su petición de consultas al estimar que Madrid había introducido cambios legislativos que permitían la importación de biodiesel argentino.
No obstante, la cancillería argentina subrayó que se reservaba la posibilidad de recurrir de nuevo a la OMC, lo que acaba de hacer este miércoles atacando a un mayor número de países europeos y un mayor número de medidas.
La UE tiene un plazo de 60 días para responder a la denuncia de la Argentina. Una vez vencido el tiempo, nuestro país puede pedir a la OMC que emita una resolución para tratar de forzar al bloque de los Veintisiete a modificar las supuestas prácticas ilegales.
