El Congreso argentino nacionalizó la participación mayoritaria de Repsol en YPF en mayo del año pasado, argumentando que la empresa no invertía lo suficiente en el país.
Repsol negó las acusaciones y presentó demandas ante tribunales internacionales por una pérdida valorada en US$ 10.500 millones.
1 año después, el Gobierno argentino, necesitado de fondos para desarrollar el gran yacimiento no convencional de Vaca Muerta, ha mantenido conversaciones con La Caixa (que preside Isidro Fainé), el principal accionista de Repsol, para alcanzar un acuerdo que evite una larga batalla legal.
Repsol ha negado oficialmente cualquier negociación con la Argentina, pero está abierta a hablar si considera la indemnización suficiente, de acuerdo a su propio director financiero, Miguel Martínez, quien declaró a principios de mayo que estaría abierto a cualquier oferta que incluyese efectivo o equivalentes e incluso activos líquidos.
De acuerdo a lo que la prensa argentina paraestatal afirmó en su momento, una oferta de Cristina Fernández de Kirchner a Isidro Fainé fue dar a Repsol una participación en el megacampo no convencional de Vaca Muerta.
Pero para que este tipo de activo sea líquido, como pide, el Gobierno argentino tendría que revisar las leyes que limitan el control que las empresas extranjeras tienen sobre sus inversiones, un cambio que algunos analistas ven improbable con Fernández de Kirchner en el poder.
Los analistas también dudan que la Argentina pueda pagar a Repsol cualquier otra compensación: los dólares escasean en el país.
Incluso si a Repsol le ofrecen una participación en Vaca Muerta, que está todavía en las fases preliminares de desarrollo, los analistas cuestionan la decisión de hacer negocios en un país que ha cambiado las reglas del juego en mitad del partido.
"El marco legal actual tiene los ingredientes para que Repsol se encuentre atrapado potencialmente en el país", opinó Credit Suisse en una nota a sus clientes interesados en invertir en Repsol.
Es evidente que cualquier acuerdo con la Argentina que no involucre activos líquidos, deprimirá profundamente la cotización de las acciones que tan laboriosamente recuperó la gestión de Antoni Brufau al frente de la empresa. E Isidro Fainé sería considerado el culpable de tal decisión, que conllevaría demandas de inversionistas damnificados.
Tras perder YPF, Repsol lanzó un agresivo nuevo plan estratégico con proyectos de exploración centrados en países como USA, España, Brasil, Rusia, Bolivia y Trinidad y Tobago.
Hasta ahora, la nueva estrategia ha conducido a un alza del +11% en la producción del primer trimestre hasta los 360.300 barriles de petróleo equivalente diarios y ha puesto a la compañía en camino de batir su objetivo de 500.000 barriles para 2016.
Brufau mantiene su postura de continuar hasta los tribunales, y ha presentado un reclamo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en diciembre de 2012 y también tiene abiertos casos tanto en la propia Argentina, como en España y Nueva York.
Sin embargo, una compensación por la vía legal también llevaría tiempo, advierten quienes defienden la posición de Fainé. En promedio, los casos del Ciadi tardan 3,2 años desde la fecha de registro. Argentina es el país con más reclamaciones ante este tribunal y no ha pagado multas de juicios anteriores en esta corte de arbitraje.
Pero también es cierto que un fallo favorable en Ciadi dejaría a Repsol en mejores condiciones para negociar con el próximo gobierno argentino, cuando es casi unánime la coincidencia que Cristina Fernández de Kirchner no continuará más allá de 2015, y que su Frente para la Victoria está en declinación.
