Sin embargo, contener los salarios en 2013 no es una tarea sencilla dado que el año pasado no fue satisfactorio para el conjunto de los trabajadores. Según cifras oficiales, en 2012 los salarios crecieron 24,5%, lo que implica un estancamiento en el poder de compra de los trabajadores (si se considera una inflación en torno de 25% tal como muestran los datos del IPC Congreso).
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Los trabajadores de menores recursos fueron particularmente afectados por la suba de precios ya que esta resultó más intensa en alimentos y bebidas, los sectores medios percibieron menos asignaciones familiares formales y los salarios más altos fueron afectados en mayor medida por Ganancias.
Además, la coyuntura electoral de 2013, la inercia inflacionaria tras cinco años consecutivos con tasas en torno de 20% y las elevadas expectativas de inflación (30%), generan incentivos para que los reclamos salariales superen la pauta pretendida por el Gobierno (20%).
No obstante, las autoridades reconocieron el riesgo latente que provocarían incrementos salariales con un piso de 25% y negociaciones semestrales, por lo que comenzaron a actuar en consecuencia.
Mediante el ajuste de 20% en el piso de Ganancias, el Gobierno pretendió disuadir a los gremios de realizar reclamos salariales que superaran dicho porcentaje. Sin embargo, el incremento fue percibido como insuficiente tras un año sin actualizaciones, por lo que no logró acotar las pretensiones salariales.
Por esta razón, se firmaron además acuerdos con grandes cadenas de supermercados y electrodomésticos para congelar precios por dos meses y ponerle freno a una inflación que se aceleró en los últimos meses, procurando generar una sensación de estabilidad para acotar los reclamos salariales.
El problema es que estos acuerdos de precios por dos meses, que no abarcan todos los canales de comercialización, no resulta demasiado creíble para los gremios, sobre todo por la incertidumbre generada sobre lo que ocurrirá una vez finalizado su plazo.
Por un lado, el ámbito de aplicación es acotado; las grandes cadenas de supermercados concentran buena parte de las ventas de bienes de consumo masivo, pero existe otra parte considerable de las mismas que se lleva a cabo en canales tradicionales (almacenes, autoservicios, panaderías, verdulerías, carnicerías, etc.) que no participan del acuerdo.
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Además, dado que el pacto se aplicará sobre los productos comercializados por los supermercados y no sobre toda la cadena de valor, resulta esperable que una vez finalizado el período de validez del acuerdo estos trasladen al menos en parte al público los aumentos de precios que aplicaron sus proveedores.
Si bien es poco probable que se consiga acotar la pauta salarial al 20%, es factible que al menos se logre desestimar las intenciones de reapertura semestral de las paritarias. Esto no es menor ya que evitaría un importante acortamiento en el plazo de los contratos nominales.
Las autoridades se muestran más enérgicas en acotar los reclamos salariales que en llevar a cabo una política antiinflacionaria consistente que incluya al resto de las políticas (monetaria, fiscal, cambiaria) y estadísticas confiables.
