“Los contratos de concesión de obras viales en curso de ejecución, quedarán extinguidos de pleno derecho al término de finalización del plazo originariamente convenido, no pudiendo en ningún caso ser prorrogados. Durante el plazo de transición queda absolutamente prohibido para los concesionarios aplicar aumentos de tarifas”, propone Comi en el artículo 3ro. Y propone que “La totalidad de los trabajadores afectados a la prestación de servicios de las empresas concesionarias de peajes, serán absorbidos por la Dirección Nacional de Vialidad”.
“El sistema del peaje en nuestro país ya lleva más de 20 años de historia. Con el argumento y la promesa de mejorar y extender las vías de comunicación vial en todo el territorio nacional, se ha hecho uso de este recurso que se viene mostrando evidentemente inadecuado para nuestro país”, afirmó Comi.
El diputado de Santa Fe sostiene que “Luego del rechazo que inicialmente generó la implementación de este sistema, la ciudadanía se ha ido acostumbrando mansamente a la idea de tener que pagar para poder transitar por los caminos y rutas del país” y considera que “Al no verificarse la adecuada realización de las obras de mantenimiento, mejoramiento y construcción de nuevas vías que ampliaran la red vial nacional –tal cual era el promocionado objetivo del instituto- el cobro del peaje se ha ido paulatinamente consumando como el pago que se realiza para poder obtener un derecho de paso, tal cual si fuera un verdadero impuesto al tránsito”.
Para Comi, “Desde la reforma del Estado del período menemista –marco en el cual se insertó el sistema de concesiones viales a través de la Ley 23.696-, hasta el actual sistema surgido a partir de las nuevas licitaciones otorgadas en 2010, ninguna ruta nacional o camino ha mejorado sustancialmente. Sólo se han mantenido, en el mejor de los casos, en el mismo estado en el que se encontraban con anterioridad al año 1990, mientras los usuarios han tenido que comenzar a pagar tarifas como contraprestación al derecho de paso por la utilización de las mismas vías de comunicación que antes podían ser usadas en forma libre”.
“No debe en tal sentido perderse de vista que a nivel nacional los usuarios ya contribuyen a la construcción de rutas a través del pago del impuesto a los combustibles y neumáticos y de la tasa que se paga sobre el gasoil, cuya recaudación se estima en más de $ 5.500 millones al año”, afirmó el diputado opositor.
El diputado de la CC ARI escribió en el proyecto de Ley: “En caso de incumplimientos, deberá, en representación del Estado Nacional, dar inicio a las acciones legales pertinentes en procura de obtener la reparación de los perjuicios sufridos por el Estado Nacional, con causa en el incumplimiento contractual de/los contratistas y/o en el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos involucrados en el deficiente control de las concesiones otorgadas”.
