> $ 7.000 millones fueron cubiertos con el aumento de la recaudación impositiva por encima de lo presupuestado y otros recursos originalmente no contemplados en el Presupuesto 2012.
> $ 22.000 millones correspondieron a fondos de la ANSeS.
> $ 28.000 millones fueron tomados del Banco Central.
Los datos muestran que, aún con una presión impositiva inédita y un nivel de centralización récord, el Estado Nacional apela a modificar la Ley de Presupuesto a través de decretos de necesidad y urgencia para tomar recursos adicionales desde la ANSeS y el Banco Central por un monto de $50 mil millones. La contrapartida es el consumo de los ahorros previsionales, profundizando la insolvencia del sistema jubilatorio que se evidencia en el sistemático incumplimiento de las sentencias judiciales, y la aceleración de la emisión monetaria, profundizando el proceso inflacionario.
Esta manera de administrar las finanzas públicas, apelando a mecanismos legales de excepción, tiene asociada una alta discrecionalidad en el uso de los fondos públicos. Enormes masas de recursos son destinadas al clientelismo con planes asistenciales y empleo público, subsidios sospechados de corrupción a empresas públicas y privadas, y propaganda oficial. Por eso la gente percibe que paga cada vez más impuestos (incluyendo el inflacionario) y no recibe del Estado una contrapartida acorde al esfuerzo realizado. Naturalmente, la falta de correspondencia entre lo que se paga de impuestos y el destino de los fondos públicos alimenta el rechazo de los ciudadanos a la creciente presión impositiva.
Las provincias y municipios no cuentan con el financiamiento de la ANSeS y el Banco Central. Esto es reconocido en uno de los decretos donde se estipula que parte de los recursos extraordinarios serán asignados a los gobiernos locales. Pero en lugar de una distribución automática se opta por la discrecionalidad. De esta manera se agrega otro factor de degradación institucional ya que se usan los recursos públicos para someter a gobernadores e intendentes. Esta práctica es la más dañina de cara a la posibilidad de construir un sistema político moderno en un ambiente democrático.
La administración discrecional del presupuesto público contrasta con lo que ocurre en otros países. En USA, también hacia finales del año pasado, la definición de la estrategia para evitar la cesación de pagos en el sector público fue motivo de un intenso debate político. El epicentro fue el Congreso, con alta participación de toda la sociedad y un elevado nivel técnico y transparencia. Este mayor apego a la institucionalidad representa una actitud responsable para con los ciudadanos, que son los que sostienen al Estado con sus impuestos, y además es la mejor manera de resolver los complejos problemas que se plantean en la administración del Estado.
